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¿Sirve de algo la Ley contra la morosidad?

Ley contra la morosidad

Con la Ley 15/2010, de 5 de julio (que modificaba la 3/2004, de 29 de diciembre) se establecían medidas para luchar contra la morosidad que existía de forma habitual en las operaciones comerciales, con el fin de mejorar el comportamiento de pagos en España. Perseguía además, equiparar nuestros plazos con los de otros países de Europa.

En concreto, se establecía la prohibición para las partes que contrataban de pactar plazos de pago superiores a 60 días en las operaciones comerciales realizadas entre las empresas y sus  proveedores y subcontratistas. Para las operaciones entre empresas y la Administración pública se establecía un plazo de 30 días, quedando totalmente prohibida la posibilidad de que las empresas negociaran plazos superiores a los fijados por la Ley.

Para la puesta en marcha de estas medidas se planificó una reducción paulatina de los plazos de pago con un periodo de adaptación que finalizó el pasado 1 de enero de 2013:

Plazos máximos de pago

Pero dentro de nuestra cultura y nuestras costumbres comerciales, aunque los plazos de pago queden regulados por Ley y se deba estar sujeto a ella, la realidad se traduce como muy distinta. Estas costumbres no se cambian de un día para otro, y la mayor prueba es que ya en el año 2004 se intentó y se consiguió poco.

El problema principal de esta Ley era que no contemplaba un régimen sancionador en caso de incumplimiento de los límites de pago,  aunque si establecía el devengo de intereses de demora. De esta manera su eficacia fue muy limitada.

No obstante, el mayor artífice del incumplimiento de estos plazos es ha sido siempre la propia Administración Pública: ¿Cómo van las empresas españolas a cumplir una Ley cuando las Administraciones Públicas son las primeras que la incumplen? Difícil y complicado.

Ya en nuestro post del 6 de marzo pasado, Morosidad + IVA. ¿Cómo recuperar el IVA de las facturas impagadas?, mencionábamos que en España ser moroso resulta simpático y qué está dentro de nuestros genes: Se paga tarde y mal, y en muchas ocasiones ni se paga. Y aquí no pasa nada y nadie se extraña ni se siente culpable ni se le señala con el dedo. Cómo a mí no me pagan, pues yo hago lo mismo. Y lo mejor es que quien debería dar ejemplo, que son las Administraciones Públicas, son las que retrasan más los pagos.

Con el Decreto-Ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo se modifica y aclara la Ley de 2010 y se adapta a la Directiva Europea 2011/7/UE que exigía modificaciones en la Ley de Morosidad en las Operaciones Comerciales.

Con las nuevas modificaciones, se establece que el plazo de pago que debe cumplir el deudor, si no hubiera fijado plazo o fecha en el contrato, será de 30 días naturales después de la fecha de recepción de las mercancías o  prestación de servicios, incluso cuando hubiera recibido la factura  con anterioridad. Este plazo  podrá ser ampliado mediante pacto entre las partes sin que, en ningún caso, se pueda acordar un plazo superior a los 60 días.

Las empresas deudoras tendrán que sufrir un incremento de sus costes si producen  incumplimientos de los plazos: Se aumenta un punto adicional el interés de demora, alcanzado el interés legal del dinero más 8 puntos porcentuales.

Se establece además, un coste indemnizatorio fijo a pagar por el incumplimiento, fijándolo en una cuantía fija de 40 euros por factura impagada, que se incrementará a la deuda principal sin necesidad de petición expresa o aceptación. Además se podrá reclamar al deudor todos los costes de cobro acreditados que haya sufrido a causa del retraso

Se incluyen mejoras que persiguen las cláusulas y prácticas abusivas y que evitan picarescas tales como pactar plazos superiores de pago con la excusa “acordada” y “obligada” de que los precios contemplan la indemnización por el retraso en el periodo de pago.

Por último, en las contrataciones con el Sector Público destaca, entre los requisitos formales que se modifican, que el contratista tiene la obligación de presentar la factura ante el Registro administrativo correspondiente en el plazo de 30 días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o prestación de servicios, para que desde allí sea remitido al departamento o área que le corresponda tramitar la misma. Si la factura no se presenta en el Registro, el plazo de pago no comenzará a computar.

Esperemos que esta nueva normativa produzca el efecto deseado, y de una vez por todas se reduzcan los plazos de pago hasta alcanzar la normalidad. Aunque, como ya hemos dicho, hasta ahora nos parecía normalidad cobrar a 90 días, incluso a 120, y además con vencimiento los días 25.

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