Etiquetado: Junta General de accionistas

Los activos esenciales

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Con la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, que modifica el artículo 160 de la Ley de Sociedades de Capital (Real Decreto Legislativo 1/2010), se establece que será la junta general de accionistas la encargada de decidir y aprobar, cualquier adquisición, enajenación o aportación a otra sociedad de activos esenciales.

Y aunque esta norma no define el concepto de activo esencial, el citado artículo presume el carácter esencial del activo cuando el importe de la operación supere el 25% del valor de los activos que figuren en el último balance aprobado.

Pero, ¿Hay que aplicar esta norma a todas las operaciones de enajenación, adquisición o aportación? ¿Incluye tanto operaciones ordinarias como extraordinarias? ¿Es aplicable a cualquier tipo de negocio?

En principio, los expertos entienden que esta norma debe aplicarse únicamente a las operaciones extraordinarias que no están incluidas en el tráfico ordinario de la compañía, pero como no se define tampoco la naturaleza del negocio por el que se formaliza la adquisición, enajenación o aportación a otra sociedad de los activos esenciales, se entiende que lo que prima es el efecto patrimonial que provoca.

Dos casos muy representativos de las situaciones que pueden darse son:

  • Un activo pueda considerarse como no esencial, aunque la operación supere el 25% de los activos de la sociedad. Los administradores deberán justificar su no esencialidad.
  • Un activo puede no superar el 25% de los activos de la sociedad, pero puede considerarse esencial al alterar el desarrollo del objeto social de la compañía. Los  administradores deberán someter la operación a la junta general.

Por tanto, para determinar si existe la consideración de activo esencial habrá que comparar como es el desarrollo de la sociedad antes de la operación y como lo será después de que se efectúe la adquisición, enajenación o aportación a otra sociedad.

En cualquier caso, independientemente de la catalogación que hagan Notarios y Registradores de la operación, siempre existe la posibilidad de que los accionistas puedan reclamar la  responsabilidad de los administradores por los efectos sufridos por la Sociedad como consecuencias del incumplimiento de esta norma.

Bibliografía:

Ley 31/2014, de 3 de diciembre y 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo.

Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de sociedades de capital

Los activos esenciales y la aplicación del artículo 160 f) de la Ley de Sociedades de Capital al sector inmobiliario. Ramón y Cajal abogados.

Activos esenciales y competencia de la junta general: la solución francesa. J. Sánchez Calero.

Cese de actividad y extinción de una Sociedad

cese-04-okDebemos diferenciar entre el cese de la actividad, entendido como la suspensión temporal de las actividades empresariales, y la definitiva extinción que supone la finalización de todo tipo de actividad.

El cese de la actividad

Mediante el proceso de cese de actividad, que se produce de forma voluntaria, la Sociedad seguirá existiendo como tal, manteniendo su personalidad jurídica, pero entrará en estado de inactividad, es decir, sin actividad, con la consiguiente suspensión temporal (aunque puede mantenerse indefinidamente) de todas las actividades empresariales que había venido realizando hasta ese momento.

No obstante, la Sociedad sigue viva, aunque no activa, y debe seguir cumpliendo con una serie de requisitos fiscales y registrales, tales como la presentación de las cuentas anuales o la obligación de presenta el impuesto de sociedades.

Veámoslo de manera esquemática los condicionantes más relevantes:

  • No se pueden emitir facturas por la entrega de bienes o prestación de servicios propios de la actividad empresarial.
  • Se debe seguir llevando la contabilidad según el Código de Comercio y Plan General Contable.
  • Se mantiene la obligación de la legalización de los libros oficiales y del depósito de Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.
  • Se mantiene la obligación de presentar el Impuesto de Sociedades.
  • Es obligatorio presentar las declaraciones periódicas por las obligaciones de retención que siga teniendo la empresa.
  • Es obligatorio presentar la declaración del IVA de aquellas facturas que tengan relación con el periodo del ejercicio en el que la empresa estaba todavía activa.
  • Se deben presentar las declaraciones informativas anuales a las que esté obligada la empresa.
  • Debe seguir accediendo a la Dirección Electrónica Habilitada para recibir cualquier notificación de las Administración pública.

Entrar en un estado de inactividad supone, de igual manera, “recolocar” todos los asuntos de la Sociedad de manera que todo quede en regla:

  • En primer lugar, y antes de iniciar la tramitación de cese de actividad, hay que cumplir con todas las obligaciones derivadas del ejercicio ordinario de la actividad.
  • Finalizar y liquidar los contratos de trabajo existentes: Extinción de los contratos.
  • Cursar la baja de los trabajadores contratados en el Régimen correspondiente de la Seguridad Social.
  • Dar de baja la cuenta de cotización de la empresa en la Tesorería General de la Seguridad Social.
  • Baja en el Censo de Empresarios y Profesionales (Modelo 036) y en el Impuesto de Actividades económicas de la Agencia Tributaria (AEAT).
  • Baja en el Régimen Especial de Autónomos (RETA) de los Socios y Administradores de la Sociedad.
  • Comunicación de cese en otros organismos oficiales y/o registros sectoriales estatales, autonómicos y municipales.

La extinción de la Sociedad

La extinción, vista desde el punto de vista voluntario y no por concurso de acreedores o sentencia judicial, supone el cierre de la empresa. Sin más, y se finaliza de forma definitiva el desarrollo de cualquier tipo de actividad.

La disolución debe acordarse por la Junta General de accionistas, acuerdo que resulta necesario para iniciar el proceso de liquidación de la Sociedad. Se realiza mediante escritura pública a inscribir en el Registro Mercantil. La sociedad entra inmediatamente en período de liquidación y queda obligada a añadir a su denominación la frase “en liquidación”.

La disolución no supone, aún, la extinción de la Sociedad, pero se finalizan definitivamente las actividades empresariales. Así mismo, desaparece el órgano administrativo, que es sustituido por la figura de los liquidadores:

  • No se emitirán facturas por la entrega de bienes o prestación de servicios propios de la actividad empresarial.
  • No se realizarán más anotaciones contables en los libros registro: Se cerrará la contabilidad.
  • Finalizan las obligaciones de legalización y depósito de cuentas anuales.
  • No se presentarán más declaraciones fiscales periódicas relacionadas con la actividad, salvo aquellas necesarias que tengan relación con el periodo del ejercicio en las que se realizó actividad.

Así mismo, se realizarán las mismas actuaciones ya vistas en el apartado de cese de actividad:

  • Cumplir con todas las obligaciones derivadas del ejercicio ordinario de la actividad.
  • Finalizar y liquidar los contratos de trabajo existentes: Extinción de los contratos.
  • Cursar la baja de los trabajadores contratados en el Régimen correspondiente de la Seguridad Social.
  • Dar de baja la cuenta de cotización de la empresa en la Tesorería General de la Seguridad Social.
  • Baja en el Censo de Empresarios y Profesionales (Modelo 036) y en el Impuesto de Actividades económicas de la Agencia Tributaria (AEAT).
  • Baja en el Régimen Especial de Autónomos (RETA) de los Socios y Administradores de la Sociedad.
  • Comunicación de la extinción ante otros organismos oficiales y/o registros sectoriales estatales, autonómicos y municipales.

La liquidación tiene por finalidad el reparto entre los socios del patrimonio resultante después de haber cobrado los créditos pendientes y satisfecho las deudas sociales. Durante esta etapa la Sociedad mantiene su personalidad jurídica pero su actividad ordinaria está paralizada.

Concluidas las operaciones de liquidación, los liquidadores someterán a la aprobación de la Junta General los estados contables de la Sociedad y una propuesta de división entre los socios del activo resultante.

Una vez aprobada la liquidación, debe inscribir la extinción de la Sociedad en el Registro Mercantil, mediante el otorgamiento de escritura pública y proceder a la liquidación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD).

Más información en la guía publicada por la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, en http://www.ipyme.org/publicaciones/guiaceseextincion.pdf