Categoría: Fiscal

Cómo aplicar medidas de conciliación en la empresa pyme

 

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A día de hoy está ya ampliamente demostrado que la existencia y aplicación de culturas de conciliación de la vida laboral y personal en las empresas contribuye directamente a la mejora de los resultados, beneficia a las empresas y supone  grandes ventajas competitivas. Además, el desempeño del trabajo en ambientes amigables y flexibles se traduce claramente en mejores niveles organizativos, productivos e incluso financieros,  contribuyendo, así mismo, a la reducción del absentismo laboral de forma considerable.

Pero su implementación en una empresa pyme no es tan fácil como en las grandes compañías, principalmente por la falta de recursos económicos y humanos, a lo que hay que sumar también la falta de cambio de mentalidad de muchos empresarios respecto a estas medidas. Por ese motivo, existen muchas voces que reclaman cada día más un apoyo legislativo y de las administraciones públicas para que estas medidas se puedan aplicar con eficacia y sin daño para las empresas.

Así mismo, todos sabemos que la innovación en la empresa es una de la más importantes herramientas para generar competitividad, pero en la mayoría de los casos, esta innovación se deriva más a la parte tecnológica que a la humana, no percibiéndose que innovar en la gestión de los recursos humanos también proporciona, y en ocasiones de forma más rápida, grandes ventajas competitivas, incrementa la productividad del trabajador, y genera satisfacción, fidelización y compromiso con la empresa.

Medidas que se puede adoptar en una Pyme para conseguir una buena conciliación.

  • El establecimiento de horarios flexibles, tanto en la entrada o salida, como en la distribución semanal de la jornada de trabajo.
  • El trabajo a distancia o en el propio domicilio del trabajador.
  • La aplicación de beneficios sociales, tales como seguros médicos, cheques restaurante, ayudas al transporte, cheques guardería, u otro tipo de ayudas que mejoran la vida cotidiana del trabajador.
  • La formación y el aprendizaje de idiomas se traduce en opciones muy demandadas.
  • Y por último, el tiempo libre. La posibilidad de que el desarrollo profesional y laboral no perjudique el disfrute de tiempo libre es imprescindible tanto para el trabajador como para la empresa.

Todas estas medidas aunque no incrementan los salarios en muchas ocasiones, si los optimizan al beneficiarse de ventajas fiscales tanto para el trabajador (exención de retención por IRPF hasta los límites establecidos) como para las empresas, y no disminuyen, además, las cotizaciones a la Seguridad Social de cara a futuras prestaciones.

Pero, como ya hemos dicho, para poder aplicar todas o muchas de estas medidas, es fundamental que se produzca un gran cambio de mentalidad en las empresas pymes, que se preparen y adapten tecnológicamente, por ejemplo, para el trabajo a distancia, y que en definitiva, no se prime la cultura del estar siempre presente, sino que lo que prime sea la productividad del trabajador y la consecución de los objetivos marcados.

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Préstamos entre socios y empresa

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Cuando un socio o propietario aporta fondos a su empresa, o cuando la empresa es la que hace la entrega al socio, la forma de proceder no puede consistir únicamente en el registro contable del saldo a favor de uno u otro. Este tipo de actuaciones, por cierto, bastante comunes en las empresas, están muy controladas y reguladas, y muchas veces, no son gestionadas de la forma más correcta.

Y no debemos confundir estos préstamos con las entregas monetarias que las empresas hacen a sus socios o administradores y viceversa, para gestionar gastos propios de la empresa realizados por estos en su operativa diaria, y que posteriormente, en periodos cortos, deben regularizarse con las correspondientes liquidaciones de gastos. Estos movimientos deben controlarse en cuentas específicas de socios y administradores pudiendo tener tanto saldos deudores como acreedores.

Consideración de operación vinculada

Estas prácticas entre el socio y la empresa son consideradas por la legislación tributaria como operaciones vinculadas: Las operaciones entre una Sociedad y sus socios o accionistas se consideran vinculadas a partir de una participación mínima del socio de un 25%, (anteriormente era de un 5%) para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2015, según el artículo 18 de Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (Ver también la Consulta Vinculante DGT V0664-15)

También se considerarán personas o entidades vinculadas:

  • Una entidad y sus consejeros o administradores, salvo en la retribución por el ejercicio de sus funciones.
  • Una entidad y los cónyuges o personas unidas por relaciones de parentesco, en línea directa o colateral, por consanguinidad o afinidad hasta el 3º grado de los socios o partícipes, consejeros o administradores.
  • Dos entidades que pertenezcan a un grupo.
  • Una entidad y los consejeros o administradores de otra entidad, cuando ambas pertenezcan a un grupo.
  • Una entidad y otra entidad participada por la primera indirectamente en, al menos, el 25 % del capital social o de los fondos propios.
  • Dos entidades en las cuales los mismos socios, partícipes o sus cónyuges, o personas unidas por relaciones de parentesco, en línea directa o colateral, por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado, participen, directa o indirectamente en, al menos, el 25 % del capital social o los fondos propios.
  • Una entidad residente en territorio español y sus establecimientos permanentes en el extranjero.

Las operaciones efectuadas entre personas o entidades vinculadas deberán valorarse por su valor de mercado, entendiendo por valor de mercado aquel que se habría acordado por personas o entidades independientes en condiciones que respeten el principio de libre competencia. El propio artículo 18 mencionado estable distintos métodos para la determinación de este valor.

Será necesario cumplir con una serie de requisitos en su formalización si no queremos tener problemas fiscales de cara a una posible revisión por parte de la Administración tributaria, la cual, podrá comprobar las operaciones realizadas entre personas o entidades vinculadas y efectuar, en su caso, las correcciones que procedan.

Requisitos para su formalización y documentación

Cualquier aportación que se realice desde los socios a la Sociedad (a la inversa sería también necesario) debe formalizarse mediante un contrato entre ambas partes donde se detallen los siguientes datos:

  • Quién realiza el préstamo.
  • Quien lo recibe.
  • Importe del préstamo.
  • Tipo de interés devengado.
  • Plazo, cuotas y forma de devolución.
  • Fecha de formalización y de vencimiento.

Este documento contractual deberá ser firmado por ambas partes, aunque en muchos casos sea firmado por la misma persona, como socio por una parte, y administrador por la otra, y debe presentarse en la correspondiente Oficina Liquidadora del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados de la Comunidad Autónoma a la que se pertenezca. Estas operaciones están sujetas a este impuesto, aunque sin efecto económico, al estar exento.

Con la reforma fiscal desaparece la regla de subcapitalización en la que, si la cuantía del préstamo entre partes vinculadas supera 3 veces los fondos propios de la entidad, los intereses devengados que excedan sobre dicha cuantía, tendrán la consideración de dividendos a los socios.

Intereses a aplicar

La Ley del IRPF y la Ley del Impuesto sobre Sociedades exigen que la operación de préstamo contemple obligatoriamente el devengo de un interés (a valor de mercado),  el cual, debe ser al menos el del interés legal del dinero.

Pero no basta con tomar como referencia el interés legal del dinero. Deberá tomarse un tipo de intereses a precio normal del mercado, y como ya hemos comentado, debe entenderse como valor de mercado aquel que se habría acordado por personas o entidades independientes en condiciones que respeten el principio de libre competencia. No obstante, en general, la práctica más utilizada es la de realizar un promedio de los tipos aplicables para importes y situaciones similares por las entidades bancarias o clientes preferentes. En su ausencia, se pueden aplicar los métodos ya mencionados incluidos en el artículo 18 de la Ley del Impuesto de Sociedades actual.

No obstante, puede pactarse entre ambas partes un tipo de interés inferior al valor normal del mercado, o incluso, pactarse un interés al 0%. Pero esta inexistencia de intereses es sólo entre las partes, de cara a Hacienda habrá que liquidarlos fiscalmente como si hubiesen existido, afectando esta liquidación a ambas partes, tanto al socio como a la empresa.

Esto es, a efectos fiscales, la parte que presta deberá tributar como un ingreso percibido, por el importe de los intereses “teóricos”, aunque realmente no lo haya hecho, valorados por su valor de mercado, y la parte que recibe el préstamo, como un gasto abonado por la obtención del préstamo, aunque no haya salido de su tesorería.

Los intereses devengados formarán parte de los ingresos de la parte que presta, pudiendo estar sujetos a retención del IRPF o del Impuesto de Sociedades. Es decir, puede darse el caso de que aunque no se perciban estos intereses, el prestamista practique la correspondiente retención a cuenta.

Será el pagador de los intereses, es decir, la empresa en este caso, quién estará obligada a practicar la retención a cuenta utilizando para ello el modelo trimestral o mensual 123 y el modelo 193 anual de declaración informativa. El socio, que es el que ha prestado el dinero, generará unos ingresos de capital mobiliario que deberá declarar en su declaración de IRPF incluyendo las retenciones sufridas.

¿Y qué pasa si el préstamo no es devuelto y se procede a su condonación?

Puede darse por dos motivos principalmente, primero por dificultades de liquidez de la sociedad  que provoque una imposibilidad de devolución,  o porque el socio decida fortalecer la situación patrimonial de la sociedad y proceda a condonar la deuda.

De cara a la Sociedad, la condonación producirá un aumento de sus fondos propios, tributando por el importe condonado en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos jurídicos documentados por el concepto de Operaciones Societarias,  aunque el efecto fiscal será 0 al estar exento. Existirán, eso sí, gastos de notaría y registro por la ampliación de capital. La aportación del socio puede realizarse también vía aportaciones que no supongan un aumento del capital social.

De cara al socio prestamista se producirá un aumento del valor de su participación en la Sociedad. No obstante, esta  aportación deberá instrumentarse y ser acordada mediante Junta General de socios.

Como punto final, mencionar que es necesario realizar un análisis completo para cada caso concreto evaluando con detenimiento las posibles repercusiones que se den, tanto a efectos fiscales como en términos contables.

Existe la posibilidad de documentar los préstamos como préstamos participativos, lo que podría evitar el devengo de intereses al integrarse en el patrimonio de la entidad. Ver https://septimagl.wordpress.com/2013/04/25/prestamos-participativos-los-grandes-desconocidos/

¿Y cuándo los socios de una empresa retirar fondos de la empresa para usos distintos a la actividad de la misma?

Un préstamo de la Sociedad a sus socios supone también una operación vinculada, al igual que en el caso anterior, y debe instrumentalizarse también mediante un contrato mercantil entre el socio y la sociedad, reflejando el contenido ya mencionado:

  • Fecha de formalización
  • Partícipes del préstamo.
  • Prestamista.
  • Prestatario.
  • Importe del préstamo.
  • Tipo de interés devengado.
  • Plazos, cuotas y plan de devolución.
  • Plazo de vencimiento.
  • Otras condiciones particulares.

Al realizarse entre partes vinculadas devengará también un interés a precio de mercado, en función de lo ya dicho anteriormente, aunque en términos generales será de aplicación mínima el tipo de interés legal del dinero fijados para cada periodo por la Administración.

Debe presentarse, así mismo,  ante  la oficina liquidadora de la Comunidad Autónoma correspondiente, y liquidar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aunque también estaría exento.

Los intereses abonados serán computados como ingresos por la Sociedad, y estarán sujetos a la correspondiente retención, aunque si el socio es una persona física no estará obligado a realizar retenciones por el abono de estos.

Actualización del artículo ya publicado en nuestro sgl@blog: https://septimagl.wordpress.com/2013/01/24/problematica-de-los-prestamos-de-los-socios-a-sus-empresas-y-de-las-empresas-a-sus-socios-2/

IVA: Suministro Inmediato de Información (SII): o cómo declarar el IVA al instante

 

SII

Ocho días. Este es el plazo máximo para aportar datos a la Agencia Tributaria por aquellas empresas que estén obligadas a hacerlo.  Vamos, que hacemos la factura y se lo contamos de inmediato a Hacienda. Pero hay más: El próximo año este plazo será de 4 días.

En vigor desde el pasado 1 de julio, el Suministro Inmediato de Información (SII) exige a las empresas que informen a la AEAT en un plazo máximo de ocho/cuatro días (se excluyen los sábados, domingos y festivos nacionales) de las facturas que emiten y que reciben.

¿Cómo?

Pues las empresas deberán llevar sus libros registros directamente a través de la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria remitiéndolos por vía electrónica. Un alarde de tecnología.

Con este sistema ya no será obligatorio presentar los modelos 347, 340 y 390, y el período de presentación de autoliquidaciones queda ampliado 10 días desde los 20 actuales, por tanto se dispondrá de 30 días para la presentación de las autoliquidaciones periódicas del IVA. El libro registro de bienes de inversión deberá suministrarse dentro del plazo de presentación del último período de declaración del año (hasta el 30 de enero).  Para operaciones intracomunitarias, el plazo computa desde el inicio de la expedición o transporte, o en su caso, desde el momento de la recepción de los bienes. Para importaciones, el plazo es desde la contabilización del documento en el que consta la liquidación de la aduana, y siempre antes del día 16 del mes siguiente al final del período al que se refiera la declaración.

¿Y todo esto para qué?

Pues para que la Agencia Tributaria nos controle, coteje la información recibida, cruce los datos y luche así contra el fraude que se produce dentro del IVA. Y ojo, si no se cumplen los plazos, las sanciones serán de un 0.5%  del importe de la facturas objetivo del registro con un mínimo de 300 euros por trimestre y 6.000 euros como máximo.

¿Quién está obligado?

Sólo es obligatorio para las grandes empresas, o lo que es lo mismo, es obligatorio para las empresas que facturan más de seis millones al año. Los grupos de IVA y las empresas que están acogidas al régimen de devolución mensual también estarán sujetos.

No obstante, para las empresas que no están obligadas, cabe la opción de acogerse de manera voluntaria al nuevo sistema.

Por último, para que la Agencia Tributaria disponga de todos los datos relativos al 2017, los obligados a utilizar este nuevo sistema deberán aportar los registros del primer semestre de 2017, entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2017. No estarán obligadas las empresas que hayan presentado el modelo 340 de enero a junio de 2017.

En fin, un cambio drástico en la gestión que hasta ahora se realizaba del IVA y que por supuesto, obliga a realizar inversiones y mejoras en software que incluyan este nuevo sistema.

Nota: La Agencia Tributaria pone a disposición de las empresas una herramienta de cálculo de los plazos para el envío de los registros de facturas en: https://www2.agenciatributaria.gob.es/soporteaeat/Formularios.nsf/CalculoPlazos?OpenPage

 

Facturar un trabajo puntual sin estar dado de alta en autónomos

Factura 02¿Puedo emitir facturas sin estar dado de alta en el régimen de autónomo?

¿Compensa darse de alta si los ingresos son pequeños o esporádicos?

¿Tengo que estar dándome de alta y de baja dependiendo de si facture o no este mes?

¿Qué hay que hacer para estar tranquilo con Hacienda y con la Seguridad Social?

La premisa es que para que un autónomo pueda emitir una factura hay que estar dado de alta en el modelo 036-037 de la AEAT y de alta como autónomo en la Seguridad Social.

¿Y si la factura a realizar es por un trabajo esporádico o puntual?

La normativa de la Seguridad Social establece que si se realiza una actividad económica a título lucrativo, de forma habitual, personal y directa se estará obligado a cotizar en el régimen de autónomo. No determina cuales son los plazos para cumplir este requisito ni un nivel de ingresos determinado. Lo que prima es que se realice de forma habitual.

¿Y qué es la habitualidad?

Se entiende como habitual aquella actividad que se repite en el tiempo de forma constante y continua, tanto si se le dedican 40 horas semanales como si se le dedican dos horas a la semana. La habitualidad se determina cuando hay continuidad en el tiempo. No obstante, si se dispone de un local, oficina o de una estructura empresarial, la habitualidad queda sobreentendida, independientemente del tiempo dedicado.

En segundo lugar, el Tribunal Supremo, en sentencia del año 2007 que creó jurisprudencia, delimitó el límite de ingresos para tener que cumplir con esta obligación, y lo estableció en el Salario Mínimo Interprofesional, SMI, qué, para el año 2017, se sitúa en los 9.907,80 euros anuales. Por tanto, en base a este criterio, se estableció que no era necesario darse de alta como autónomo si los ingresos generados eran inferiores al Salario Mínimo Profesional. Y los ingresos son lo facturado, y no lo que queda al final, que serían los beneficios.

Aun así, no existe claridad en el criterio a seguir ya que una cosa es la jurisprudencia, aunque sea del Tribunal Supremo, y otra, la normativa en la que se basa la Inspección de Trabajo que es distinta. A veces ambas entran en conflicto y no siguen el mismo camino.

Dicho esto, y en base a la unión de ambos criterios, podemos decir qué, si se realizan trabajos esporádicos o puntuales, que no pueden entenderse como habituales o continuos, y se perciben ingresos por debajo de los 9.907,80 euros anuales de SMI, no habría obligación de cotizar en el régimen especial de trabajadores autónomos. No obstante, si en algún momento se puede demostrar que la actividad es desarrollada de forma habitual, el límite del SMI dejaría de tener efecto, y la obligación de cotizar sería clara.

Por otro lado, no se estará obligado a cotizar si los trabajos o la actividad facturada son puntuales y no habituales, aunque los ingresos que generen sean mayores que el SMI. Prioriza la falta de habitualidad.

Por último, esto es lo que ocurre de cara a la obligación o no de cotizar en el régimen especial de trabajadores autónomos en la TGSS, pero también hay que tener en cuenta las obligaciones con la AEAT.

En resumen podemos decir qué, siempre que se generen ingresos hay que pasar por la caja de Hacienda, tanto del IRPF (Renta) como del IVA. Para ello, habrá que darse de alta en el Censo de la AEAT, modelo 036-037, declarando la actividad, la fecha de inicio y las obligaciones fiscales a las que se está sujeto.

Una vez cursada el alta en la AEAT, se podrán expedir facturas, las cuales deberán contemplar la retención a cuenta del IRPF (15%) y su IVA correspondiente (21% de manera general).

 

Cese de actividad y extinción de una Sociedad

cese-04-okDebemos diferenciar entre el cese de la actividad, entendido como la suspensión temporal de las actividades empresariales, y la definitiva extinción que supone la finalización de todo tipo de actividad.

El cese de la actividad

Mediante el proceso de cese de actividad, que se produce de forma voluntaria, la Sociedad seguirá existiendo como tal, manteniendo su personalidad jurídica, pero entrará en estado de inactividad, es decir, sin actividad, con la consiguiente suspensión temporal (aunque puede mantenerse indefinidamente) de todas las actividades empresariales que había venido realizando hasta ese momento.

No obstante, la Sociedad sigue viva, aunque no activa, y debe seguir cumpliendo con una serie de requisitos fiscales y registrales, tales como la presentación de las cuentas anuales o la obligación de presenta el impuesto de sociedades.

Veámoslo de manera esquemática los condicionantes más relevantes:

  • No se pueden emitir facturas por la entrega de bienes o prestación de servicios propios de la actividad empresarial.
  • Se debe seguir llevando la contabilidad según el Código de Comercio y Plan General Contable.
  • Se mantiene la obligación de la legalización de los libros oficiales y del depósito de Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.
  • Se mantiene la obligación de presentar el Impuesto de Sociedades.
  • Es obligatorio presentar las declaraciones periódicas por las obligaciones de retención que siga teniendo la empresa.
  • Es obligatorio presentar la declaración del IVA de aquellas facturas que tengan relación con el periodo del ejercicio en el que la empresa estaba todavía activa.
  • Se deben presentar las declaraciones informativas anuales a las que esté obligada la empresa.
  • Debe seguir accediendo a la Dirección Electrónica Habilitada para recibir cualquier notificación de las Administración pública.

Entrar en un estado de inactividad supone, de igual manera, “recolocar” todos los asuntos de la Sociedad de manera que todo quede en regla:

  • En primer lugar, y antes de iniciar la tramitación de cese de actividad, hay que cumplir con todas las obligaciones derivadas del ejercicio ordinario de la actividad.
  • Finalizar y liquidar los contratos de trabajo existentes: Extinción de los contratos.
  • Cursar la baja de los trabajadores contratados en el Régimen correspondiente de la Seguridad Social.
  • Dar de baja la cuenta de cotización de la empresa en la Tesorería General de la Seguridad Social.
  • Baja en el Censo de Empresarios y Profesionales (Modelo 036) y en el Impuesto de Actividades económicas de la Agencia Tributaria (AEAT).
  • Baja en el Régimen Especial de Autónomos (RETA) de los Socios y Administradores de la Sociedad.
  • Comunicación de cese en otros organismos oficiales y/o registros sectoriales estatales, autonómicos y municipales.

La extinción de la Sociedad

La extinción, vista desde el punto de vista voluntario y no por concurso de acreedores o sentencia judicial, supone el cierre de la empresa. Sin más, y se finaliza de forma definitiva el desarrollo de cualquier tipo de actividad.

La disolución debe acordarse por la Junta General de accionistas, acuerdo que resulta necesario para iniciar el proceso de liquidación de la Sociedad. Se realiza mediante escritura pública a inscribir en el Registro Mercantil. La sociedad entra inmediatamente en período de liquidación y queda obligada a añadir a su denominación la frase “en liquidación”.

La disolución no supone, aún, la extinción de la Sociedad, pero se finalizan definitivamente las actividades empresariales. Así mismo, desaparece el órgano administrativo, que es sustituido por la figura de los liquidadores:

  • No se emitirán facturas por la entrega de bienes o prestación de servicios propios de la actividad empresarial.
  • No se realizarán más anotaciones contables en los libros registro: Se cerrará la contabilidad.
  • Finalizan las obligaciones de legalización y depósito de cuentas anuales.
  • No se presentarán más declaraciones fiscales periódicas relacionadas con la actividad, salvo aquellas necesarias que tengan relación con el periodo del ejercicio en las que se realizó actividad.

Así mismo, se realizarán las mismas actuaciones ya vistas en el apartado de cese de actividad:

  • Cumplir con todas las obligaciones derivadas del ejercicio ordinario de la actividad.
  • Finalizar y liquidar los contratos de trabajo existentes: Extinción de los contratos.
  • Cursar la baja de los trabajadores contratados en el Régimen correspondiente de la Seguridad Social.
  • Dar de baja la cuenta de cotización de la empresa en la Tesorería General de la Seguridad Social.
  • Baja en el Censo de Empresarios y Profesionales (Modelo 036) y en el Impuesto de Actividades económicas de la Agencia Tributaria (AEAT).
  • Baja en el Régimen Especial de Autónomos (RETA) de los Socios y Administradores de la Sociedad.
  • Comunicación de la extinción ante otros organismos oficiales y/o registros sectoriales estatales, autonómicos y municipales.

La liquidación tiene por finalidad el reparto entre los socios del patrimonio resultante después de haber cobrado los créditos pendientes y satisfecho las deudas sociales. Durante esta etapa la Sociedad mantiene su personalidad jurídica pero su actividad ordinaria está paralizada.

Concluidas las operaciones de liquidación, los liquidadores someterán a la aprobación de la Junta General los estados contables de la Sociedad y una propuesta de división entre los socios del activo resultante.

Una vez aprobada la liquidación, debe inscribir la extinción de la Sociedad en el Registro Mercantil, mediante el otorgamiento de escritura pública y proceder a la liquidación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD).

Más información en la guía publicada por la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, en http://www.ipyme.org/publicaciones/guiaceseextincion.pdf

Ley de segunda oportunidad: El concurso de acreedores de una persona física

AbiertoEl deudor responde con todos sus bienes presentes y futuros”. (Art. 1.911 del Código Civil). A esto hay que añadir que las deudas también se heredan.

Desde 2003, y al igual que ocurre con las empresas, una persona física (o la familia) o empresario puede declararse en concurso de acreedores cuando se encuentre en estado de insolvencia y no pueda cumplir regularmente con sus obligaciones exigibles.

Desde febrero de 2015, con la publicación del Real Decreto-Ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad el procedimiento en vigor se mejora notablemente. No obstante, en España, apenas unas cientos de personas físicas utilizan cada año esta fórmula.

Con este nuevo Real Decreto se puede optar por dos opciones:

  • Solicitar el concurso de acreedores de persona física ante un Juez de lo mercantil.
  • Intentar alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos con los acreedores a través de la mediación de un Notario.

Concurso de acreedores de la persona física

El Juez, previa valoración de la situación de insolvencia, declara el concurso de acreedores y nombra a un Administrador Concursal que, a partir de ese momento, decida sobre todas las cuestiones económicas del solicitante.

Mediante este sistema, se permite reestructurar la deuda que tiene a través de un procedimiento de quitas y esperas que es dirigido y coordinado por el Juez. Este acuerdo puede aplicarse también a los acreedores con garantía real.

El concursado deberá presentar una propuesta de convenio que tiene que ser negociada con los acreedores alcanzándose, en su caso, un acuerdo de pagos que puede incluir, tal y como hemos mencionado, quitas (descuentos), condonaciones, plazos de pago o carencia, etc. Mediante este sistema se logra paralizar las reclamaciones en curso, los procesos ejecutivos, los intereses…

También puede optar por presentar un plan de liquidación con todos sus bienes y liquidar este patrimonio entre los acreedores, en función de la preferencia de cobro de cada uno de ellos establecida por su calificación según la Ley Concursal. Incluso se puede optar a la exoneración del pasivo insatisfecho si se dan las circunstancias establecidas en el art. 178 bis de esta Ley. Esto es, cuando con el importe obtenido por la realización o venta del patrimonio no se alcance el importe total de la deuda, siempre y cuando se actúe de buena fe: “Régimen de exoneración de las deudas de los particulares o autónomos, de buena fe, en el marco del procedimiento concursal”.

Acuerdo extrajudicial de pagos

El deudor puede solicitar, ante un Notario, un acuerdo extrajudicial de pagos con sus acreedores. En este caso, el Juez no interviene, sino que es el Notario el que asume las funciones de mediación con los acreedores, o bien, puede optar por nombrar un Mediador Concursal. El acuerdo podrá contener esperas (con plazo no superior a 10 años), quitas, cesión de bienes o derechos, etc.

Si no se alcanzara el acuerdo, o este se incumpliera, el Mediador Concursal instará el concurso de acreedores ante el Juez.

Es muy importante tener presente que nunca se condonan los créditos privilegiados con Hacienda o Seguridad Social, ni tampoco las deudas por alimentos derivadas de sentencia de divorcio.

Real Decreto-Ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad

Cambios en los Modelos 200 y 220 de declaración del Impuesto Sociedades 2015

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Publicados en la web de la Agencia Tributaria, los nuevos modelos de declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español, para los períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015, incluidas las instrucciones relativas al procedimiento de declaración e ingreso y sus condiciones generales.

La aprobación de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades y del Real Decreto 634/2015, de 10 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2015, ha introducido modificaciones que afectan a la declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español, por lo que en los modelos aprobados para el 2015 resulta necesario adaptarse a dichas modificaciones.

Las principales novedades incorporadas por la nueva normativa reguladora, plasmada en estos nuevos modelos, son las siguientes:

  • Se actualiza el principio de devengo, en consonancia con los criterios contables.
  • Se establece la no deducibilidad de cualquier tipo de deterioro, con la excepción de las existencias y de los créditos y partidas a cobrar. Tampoco serán deducibles el deterioro de los valores de renta fija ni el correspondiente a los activos cuya imputación como gasto en la base imponible se realiza de manera sistemática.
  • Se incorpora una limitación adicional en relación con la deducibilidad de los gastos financieros asociados a la adquisición de participaciones en entidades cuando, posteriormente, la entidad adquirida se incorpora al grupo de consolidación fiscal al que pertenece la adquirente o es objeto de una operación de reestructuración. En los modelos 200 y 220 se ha desarrollado el cuadro de deducibilidad de los gastos financieros.
  • En el ámbito de las operaciones vinculadas se presentan novedades en relación con la documentación específica a elaborar por las entidades afectadas, que tiene un contenido simplificado para las entidades o grupos de entidades cuyo importe neto de la cifra de negocios sea inferior a 45 millones de euros, lo que se traduce en un nuevo cuadro informativo de cumplimentación obligatoria para las entidades de reducida dimensión. También es novedosa la restricción del perímetro de vinculación en el ámbito de la relación socio-sociedad.
  • Se modifica de forma sustancial el tratamiento de la compensación de bases imponibles negativas, destacando la posibilidad de aplicar dichas bases imponibles en ejercicios posteriores sin límite temporal, con una limitación cuantitativa.
  • Se incorpora al procedimiento para evitar la doble imposición un régimen de exención general para participaciones significativas tanto en el ámbito interno como en el internacional.
  • Se introducen elementos novedosos en relación con el tipo de gravamen, reduciendo el tipo general por un lado y equiparando el tipo de gravamen general con el de la pequeña y mediana empresa.
  • En materia de incentivos fiscales, desaparece la deducción por inversiones medioambientales y se sustituyen la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios y la deducción por inversión de beneficios por la reserva de capitalización. Asimismo, para la pequeña y mediana empresa se crea una reserva de nivelación de bases imponibles negativas. La introducción de ambas reservas justifica la incorporación a los modelos de declaración de cuadros informativos relativos a ambas.
  • Se incorporan incentivos al sector cinematográfico y de las artes escénicas.
  • Se incluyen novedades en el régimen de consolidación fiscal, tanto en la propia configuración del grupo fiscal como en la propia liquidación del impuesto.
  • Se modifica la información que deben rendir las agrupaciones de interés económico y las uniones temporales de empresas, debiendo cumplimentar un cuadro incorporado en la declaración del modelo 200.
  • Se introducen modificaciones en el Régimen fiscal especial de Canarias.

El contenido de la futura Orden es el siguiente:

1- Modelos de declaración del IS e IRNR 2015

Aprueba los modelos de declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español) (Art. 1), que son los siguientes:

DECLARACIONES:

  • Modelo 200: declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español).
  • Modelo 220: declaración del Impuesto sobre Sociedades – Régimen de consolidación fiscal correspondiente a los grupos fiscales.

DOCUMENTOS DE INGRESO O DEVOLUCIÓN:

  • Modelo 200: Documento de ingreso o devolución del Impuesto sobre Sociedades.
  • Modelo 206: Documento de ingreso o devolución del Impuesto sobre la Renta de No Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español).
  • Modelo 220: Documento de ingreso o devolución del Impuesto sobre Sociedades-Régimen de consolidación fiscal.

2-Forma de presentación de los modelos 200 y 220

Regula la forma de presentación de los modelos 200 y 220 de declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español) (Art. 2), que son

Las declaraciones IS e IRNR, correspondientes a los modelos 200, 220 -así como los correspondientes documentos de ingreso o devolución- se presentarán, debidamente cumplimentados todos los datos que le afecten de los recogidos en el modelo, de acuerdo con lo previsto en el apartado a) del artículo 2 de la Orden HAP/2194/2013, con las especialidades que se detallan a continuación.

Los declarantes obligados a llevar su contabilidad de acuerdo con las normas establecidas por el Banco de España, cumplimentarán los datos relativos al balance, cuenta de pérdidas y ganancias y estado de cambios en el patrimonio neto que, en el modelo 200, se incorporan para estos declarantes, en sustitución de los que se incluyen con carácter general.

Los declarantes a los que sea de aplicación obligatoria el Plan de Contabilidad de las entidades aseguradoras aprobado por el Real Decreto 1317/2008, cumplimentarán los datos relativos al balance, cuenta de pérdidas y ganancias y estado de cambios en el patrimonio neto que, en el modelo 200, se incorporan para estos declarantes, en sustitución de los que se incluyen con carácter general.

Las instituciones de inversión colectiva, tanto financieras como inmobiliarias, cumplimentarán los datos relativos al balance, cuenta de pérdidas y ganancias y estado de cambios en el patrimonio neto, en un apartado específico, en sustitución de los que se incluyen con carácter general

Los obligados a llevar su contabilidad conforme a la Orden EHA/1327/2009, sobre normas especiales para la elaboración, documentación y presentación de la información contable de las sociedades de garantía recíproca, cumplimentarán los datos relativos al balance, cuenta de pérdidas y ganancias y estado de cambios en el patrimonio neto que, en el modelo 200 se incorpora para estos declarantes, en sustitución de los que se incluyen con carácter general.

Los grupos fiscales, incluidos los de cooperativas, que tributen por el régimen de consolidación fiscal, presentarán el modelo 220, de acuerdo con lo indicado en el apartado 1 del artículo 2 de la Orden.

Las declaraciones que vienen obligadas a formular cada una de las entidades integrantes del grupo fiscal, se formularán en el modelo 200, que será cumplimentado hasta cifrar los importes líquidos teóricos correspondientes a las respectivas entidades.

Para la determinación de la base imponible individual de las entidades integrantes del grupo fiscal, los requisitos y calificaciones para la determinación del resultado contable así como los ajustes al mismo se refieren al grupo fiscal. Deberá tenerse en cuenta que el límite del ajuste al resultado contable por gastos financieros se refiere al grupo.

No obstante, para determinar los importes líquidos teóricos que corresponden a las entidades integrantes del grupo deben tenerse en cuenta las eliminaciones e incorporaciones que correspondan a cada una de ellas Estas entidades quedan exoneradas en su modelo 200 de cumplimentar los cuadros de consignación de importes, por períodos relativos a compensación de bases imponibles negativas, deducciones, reserva de capitalización, reserva de nivelación, limitación de gastos financieros, dotaciones y compensación de cuotas.

Los certificados electrónicos reconocidos deberán emitirse de acuerdo a las condiciones que establece la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica.

Las entidades representantes del grupo fiscal o cabezas de grupos deben hacer constar, en el apartado correspondiente del modelo 220, el código seguro de verificación de cada una de las declaraciones individuales de las entidades integrantes del mismo.

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS POR VÍA ELECTRÓNICA

El contribuyente debe presentar por vía electrónica a través de la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (https://agenciatributaria.gob.es), los documentos, debidamente cumplimentados, siguientes:

  • Los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades que incluyan en la base imponible determinadas rentas positivas obtenidas por entidades no residentes según lo dispuesto en el artículo 100 («Trasparencia fiscal internacional. Imputación de rentas positivas obtenidas por entidades no residentes») deberán presentar, además, respecto de cada una de las entidades no residentes en territorio español, el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias y la justificación de los impuestos satisfechos respecto de la renta positiva que deba ser incluida en la base imponible.
  • Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de No Residentes incluirán la memoria informativa presentada con la declaración, de los importes, criterios y módulos de reparto de los gastos de dirección y generales de administración que correspondan al establecimiento permanente.
  • Los contribuyentes a quienes les haya sido aprobada una propuesta para la valoración previa de operaciones efectuadas entre personas o entidades vinculadas presentarán el informe sobre la aplicación del acuerdo para la valoración de las operaciones efectuadas con personas o entidades vinculadas.
  • Los contribuyentes a los que sea de aplicación el régimen especial de las fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canje de valores y cambio de domicilio social de una Sociedad Europea o una Sociedad Cooperativa Europea de un Estado miembro a otro de la Unión Europea, deben presentar la información contenida en la comunicación a la Administración Tributaria de la aplicación del régimen especial.
  • Cuando en la declaración se haya consignado una corrección al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias, como disminución, por importe igual o superior a 50.000 euros en el apartado de “otras correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias”, el contribuyente, previamente a la presentación de la declaración, debe describir la naturaleza del ajuste realizado a través del formulario que figura como Anexo III a la Orden.
  • Previamente a la presentación de la declaración, se facilitará información adicional a través del formulario que figura como anexo III de la ORDEN cuando el importe de la deducción generada en el ejercicio (con independencia de que se aplique o quede pendiente para ejercicios futuros) sea igual o superior a 50.000 euros en las siguientes deducciones: deducción por reinversión de beneficios extraordinarios (identificando los bienes transmitidos y los bienes en los que se materializa la inversión), deducción por actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica (identificando las inversiones y gastos que originan el derecho a la deducción).
  • Para la presentación de los modelos de declaración, las pequeñas y medianas empresas, en los supuestos en que además del régimen de deducción por actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica, se haya podido aplicar bonificación en la cotización a la Seguridad Social, deben cumplimentar el formulario aprobado en el anexo IV de la ORDEN.
  • Para la presentación de los modelos de declaración, en los supuestos en que el declarante se encuentre sometido a la normativa del Estado o el grupo fiscal esté sujeto al régimen de consolidación fiscal correspondiente a la Administración del Estado y deban tributar conjuntamente a la Administraciones, estatal y foral se siguen determinadas reglas.

3-Pago de las deudas tributarias resultantes mediante domiciliación bancaria (Art. 3)

Los contribuyentes o las entidades representantes del grupo fiscal cuyo período impositivo haya finalizado el 31 de diciembre de 2015 pueden utilizar como la domiciliación bancaria en la entidad de depósito que actúe como colaboradora en la gestión recaudatoria (banco, caja de ahorro o cooperativa de crédito), sita en territorio español en la que se encuentre abierta a su nombre la cuenta en la que se domicilia el pago. Dicha domiciliación bancaria podrá realizarse desde el día 1 de julio hasta el 20 de julio de 2016, ambos inclusive.

4- Condiciones para la presentación electrónica de las declaraciones (Art. 4)

Los contribuyentes del IS y el IRNR deberán presentar por medios electrónicos la declaración correspondiente, con sujeción a las condiciones establecidas en el artículo 6 de la Orden HAP/2194/2013.

Las declaraciones a presentar ante la Administración del Estado por contribuyentes sujetos a la normativa foral pueden utilizar o bien los modelos 200 y 220 aprobados en la ORDEN efectuando su presentación por vía electrónica, o el modelo aprobado por la normativa foral correspondiente. En este último caso, habrá que utilizar los documentos de ingreso o devolución que se aprueban en los anexos I y II de la ORDEN que podrán obtenerse en la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Para la obtención de las declaraciones que deban presentarse ante las Diputaciones Forales del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra, los sujetos pasivos o contribuyentes podrán conectarse a la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Internet y dentro del apartado «mis expedientes», seleccionar la declaración presentada ante la Administración del Estado e imprimir un ejemplar de la misma, para su presentación ante las Diputaciones Forales del País Vasco y ante la Comunidad Foral de Navarra, utilizando como documento de ingreso o devolución el que corresponda de los aprobados por las Diputaciones Forales del País Vasco y por la Comunidad Foral de Navarra.

5-Procedimiento para la presentación electrónica de las declaraciones (Art. 5)

La presentación electrónica por Internet de las declaraciones se efectuará de acuerdo con lo establecido en los artículos 7 a 11, ambos inclusive, de la Orden HAP/2194/2013.

Los contribuyentes deberán, en su caso, acompañar a la declaración la información adicional o la comunicación se exige en artículo 2 de la ORDEN (harán uso de los formularios específicos definidos al efecto, y que el contribuyente deberá presentar por vía electrónica con anterioridad a la presentación de la declaración). A tal efecto, los contribuyentes deberán conectarse a la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y, dentro de la opción de Impuestos y Tasas, a través de Procedimientos, Servicios y Trámites (Información y Registro), seleccionar el concepto fiscal oportuno y seguir los trámites correspondientes del procedimiento asignado a los modelos 200 y 206.

Cuando, habiéndose presentado la declaración por vía electrónica, los contribuyentes deban acompañar a la misma cualquier documentación, solicitudes o manifestaciones de opciones no contempladas expresamente en el propio modelo de declaración, y en aquellos casos en los que habiendo presentado la declaración por vía electrónica, ésta resulte a devolver y se solicite la devolución mediante cheque del Banco de España, en dichos supuestos, los documentos, solicitudes o manifestaciones se presentarán en el registro electrónico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. A tal efecto, el declarante o presentador deberá conectarse a la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Internet, seleccionar el concepto fiscal oportuno y el trámite de aportación de documentación complementaria que corresponda según el procedimiento asignado a los modelos.

Los contribuyentes o las sociedades representantes del grupo fiscal o entidades cabezas de grupos que se encuentren acogidos al sistema de cuenta corriente en materia tributaria deben tener en cuenta el procedimiento establecido en la Orden de 22 de diciembre de 1999.

6-Plazo de presentación de los modelos 200 y 220 de declaración (Art. 6)

La declaración se presentará en el plazo de los 25 días naturales siguientes a los seis meses posteriores a la conclusión del período impositivo.

Los contribuyentes cuyo plazo de declaración se hubiera iniciado con anterioridad a la entrada en vigor de la ORDEN, deberán presentar la declaración dentro de los 25 días naturales siguientes a dicha fecha salvo que hubieran optado por presentar la declaración utilizando los modelos en la orden que aprobaba los aplicables en los períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014) en cuyo caso el plazo de presentación será el señalado en el párrafo anterior.

El modelo 206 de declaración del Impuesto sobre la Renta de No Residentes se presenta en el plazo de 25 días naturales siguientes a los seis meses posteriores a la conclusión del período impositivo.

Cuando se entienda concluido el período impositivo por el cese en la actividad de un establecimiento permanente o, de otro modo, se realice la desafectación de la inversión en su día efectuada respecto del establecimiento permanente, así como cuando se produzca la transmisión del establecimiento permanente a otra persona física o entidad, aquellos en que la casa central traslade su residencia y cuando fallezca el titular del establecimiento permanente, la presentación de la declaración deberá realizarse en los veinte primeros días naturales de los meses de abril, julio, octubre y enero, atendiendo al trimestre en que se produzca alguna de las circunstancias anteriormente mencionadas que motivan la conclusión anticipada del período impositivo, siendo dicho plazo independiente del resultado de la autoliquidación a presentar.

Las entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español que cesen en su actividad deben presentar la declaración en los veinte primeros días naturales de los meses de abril, julio, octubre o enero, atendiendo al trimestre en que se produzca el cese.

Todos los contribuyentes cuyo plazo de declaración se hubiera iniciado con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la Orden, deben presentar la declaración dentro de los veinticinco días naturales siguientes a dicha fecha, salvo que hubieran optado por presentar la declaración utilizando los modelos y de acuerdo con el procedimiento contenido Orden que contiene los modelos vigentes en el ejercicio anterior, en cuyo caso el plazo de presentación será en los veinte primeros días naturales de los meses de abril, julio, octubre o enero, atendiendo al trimestre en el que se produzca cualquiera de los supuestos mencionados anteriormente.

El modelo 220 se presenta dentro del plazo correspondiente a la declaración en régimen de tributación individual de la sociedad dominante o entidad cabecera de grupo.

Un pintor, un mecánico y un fontanero conversando sobre el IVA y las facturas

Con o sin IVA

— ¡Cuánto tiempo sin vernos! ¿Cómo os va?— preguntó el mecánico.

— Pues yo, siendo sincero, mal— respondió el fontanero con voz apesadumbrada.

— ¿Qué te sucede?— le preguntó el pintor.

— Pues que no llego a fin de mes. Trabajo en una fábrica, pero gano muy poco dinero. Mi mujer está en el paro y con los tres hijos… La solución que he encontrado es hacer unas horas como fontanero cuando salgo de trabajar y en días libres. No hago instalaciones, ni cosas complicadas. Solamente “chapuzas“ para resolver pequeños problemas. Y siempre trabajo para amigos o conocidos, muchas veces para compañeros de la fábrica. Con lo que saco puedo complementar mi sueldo un poco y consigo llegar a fin de mes— contestó el pintor.

— ¿Las facturas siempre con iva, no?— le dice el mecánico.

¿Facturas?¿Qué facturas? Yo no hago facturas, eso me llevaría mucho tiempo y dinero. Yo hago esas horas por pura necesidad, si tengo que costear gastos de gestión, impuestos y demás requisitos no me llegaría— responde el fontanero con gesto airado.

— Pero entonces tú, ¿trabajas completamente en negro? ¿Te das cuenta a lo que te enfrentas? No cumples con Hacienda, ni con la Seguridad Social. Estas comentiendo un fraude con ambas. No pagas el IRPF por tus ingresos, ni el IVA, ni las cotizaciones a la Seguridad Social, ni el IAE, ni…— le increpaba el pintor.

— Ni cumples con ninguna formalidad, ni requisito legal. Supongo que no cumplirás la mayoría de los requisitos en materia de seguridadde las instalaciones de los clientes— le interrumpe el mecánico.

— No, no. Todo lo que tiene que ver con la seguridad de los clientes y sus instalaciones de fontanería lo guardo a rajatabla. Son amigos míos, y aunque no lo fuesen, no jugaría con su seguridad. El que muchas veces se “juega el tipo” con su seguridad soy yo. Mi familia está muy preocupada— respondió el fontanero.

— ¿Y si tu amigo o conocido tiene un seguro y quiere dar parte? ¿Cómo te las apañas? En ese caso necesitará una factura con iva— le consultó el pintor con curiosidad.

— Tengo un amigo que tiene una empresa en regla de fontanería, en esta caso concreto una sociedad limitada. Cuando necesito una factura me la hace el como si fuese suya y al cliente le cobro el impuesto que tenga que pagar mi amigo, el IVA que tiene que repercutir y el impuesto correspondiente al mayor ingreso en el impuesto sobre sociedades- les dice el fontanero. El pintor y el mecánico hacen gestos con la cabeza como diciendo “en menudo lío que está“—. No, si yo os entiendo. Pero entendedme vosotros a mí. No llego a fin de mes. ¿Qué hacéis vosotros con vuestras facturas? No me digáis que no preguntáis “¿con iva, o sin iva?“— les dijo el fontanero.

— No, yo, en general, no pregunto lo de “¿con iva, o sin iva?“, salvo caso de duda. En este negocio hay que tener mucha psicología. Ya sabéis que yo soy autónomo y tributo por módulos— les expuso el pintor.

— Y eso, ¿qué tiene que ver?— preguntó con curiosidad el fontanero.

— Pues que el IVA, ni el IRPF, que pago yo no depende de lo que facture sino de unos módulos, es decir, parte de una estimación del IVA que yo repercuto a mis clientes. Si repercuto más o menos no influye en lo que pago de IVA. Y con el IRPF me pasa lo mismo. Entonces yo, cuando hablo con el cliente, calculo lo que quiere. Hay clientes muy concienciados fiscalmente. Con esos clientes, pronunciar las palabrassin iva es casi sinónimo de cliente perdido. En cambio, otros clientes están buscando cualquier fórmula para ahorrarse un dinero. Obviamente pagar menos IVA es un reclamo para ellos— prosiguió el pintor.

— Ya, pero tú pagas el mismo IVA— le dice el fontanero.

— Sí, pero eso muchos no lo saben, de manera que a mí ese juego me permite negociar con ellos el precio. Les aprieto un poco. Yo les voy a cobrar lo mismo, pero si observo que puedo cobrar más por su disposición a pagar el IVA, se lo cobro. Lo que sí que es cierto es que los de “sin iva, por favor“ se van sin una factura en regla, con todos los inconvenientes que les acarrea como consumidores— les explica el pintor.

— A mí todas esas historias que contáis me suenan muy conocidas. Yo creo que, por suerte, entré en otra dinámica al conocer al dueño del taller donde trabajaba antes. En cierta ocasión me dijo: “hijo, yo ya me voy a jubilar, tú veras, pero yo trabajaría siempre en regla. En el negocio de la mecánica la confianza es muy importante. El cliente siempre tiene sus dudas de si le aconsejas bien, si pones las piezas adecuadas, si no le engañas. Es razonable, pero esas dudas se resuelven con seriedad. La seriedad se demuestra trabajando siempre en regla, cumpliendo todas las normas y las fiscales las primeras. Las normas manifiestan una forma de comportarse que es tenida por correcta y que, no lo olvides, es la base de la confianza. Si no cumples las normas, nunca dejarás de ser el “chapuzas” de segunda categoría al que recurren los clientes menos cumplidores, los que más exigen, menos pagan y que a veces ni pagan”. Yo me quedé pensando, pensé en las palabras de mi jefe durante mucho tiempo— expuso el mecánico.

— ¿Y qué hiciste?— preguntó el fontanero.

— Pues llegué a la conclusión de que lo mejor es cumplir siempre y eso pasa por hacer siempre facturas con IVA. Monté una sociedad limitada, que tributa en el impuesto sobre sociedades y en el régimen general del IVA. Por supuesto, facturo siempre en regla y cumplo siempre con las obligaciones legales, las que surjan de los contratos y procuro cumplir por encima de lo que esperan los clientes. Es la manera de generar confianza y seguridad. El automóvil es algo que los clientes tienen como muy suyo y escatimar en seguridad o simplemente en cuidados es algo que a la mayoría no le gusta. Y a mí me va bien. Bueno, ha sido un placer encontrarme con vosotros pero me tengo que marchar— se disculpa el mecánico.

Cuando se marcha el mecánico el pintor y el fontanero se quedan conversando, pensando en lo que les ha dicho el mecánico. Llegan a la conclusión de que cumplir es siempre mejor que meterse en líos.

El fraude siembra desconfianza en todo aquél que se relaciona con la empresa. La confianza es uno de los bienes más valiosos que puede poseer una empresa o un autónomo. Y cumplir con las normas es una obligación que va más allá de lo legal.

(Publicado el 28 de octubre de 2015 por Gonzalo Garcíaa Abad en http://www.actibva.com)

Cómo tributan los dividendos recibidos de una Sociedad

Dividendos blog

Los dividendos percibidos por un socio en virtud del reparto de beneficios de una Sociedad deben tributar en el IRPF del socio o accionista que los percibe.

Y todo ello, aun cuando la Sociedad que realiza el reparto de los dividendos ya ha tributado por ellos a través del Impuesto de Sociedades. Esto no ocurría con anterioridad al año 2007, cuando la normativa fiscal contemplaba una deducción por doble imposición de dividendos que corregía la doble tributación. Pero al ser suprimida en ese año, se pasó, tal y como ocurre en la actualidad, a tributar dos veces por la misma cuantía, una vía beneficios de la Sociedad y la otra vía dividendos.

Dicho esto, la tributación por las ganancias obtenidas en forma de dividendos de acciones, dependerá de la forma en que estos sean cobrados. Si se perciben en forma de dinero o efectivo, el dividendo se integrará dentro de las ganancias de las rentas del ahorro del ejercicio, mientras que si el dividendo se percibe en forma de nuevas acciones, la tributación por ellas no se realizará hasta el momento en que se produzca su venta.

El rendimiento de los dividendos obtenidos tributará en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) como rendimientos de capital mobiliario en la base imponible del ahorro del socio o accionista beneficiario.

Hasta el año 2014, los primeros 1.500 euros anuales cobrados en concepto de dividendos estaban exentos de tributación, tributando sólo por la parte que excedía de esta cantidad, pero a partir del 1 de enero de 2015 la reforma fiscal ha suprimido esta exención, por lo que los socios perceptores deberán tributar por la totalidad del importe percibido por este concepto.

La escala de tributación que se ha aplicado hasta el 31 de diciembre de 2014 es la siguiente:

  • De 1.500 a 6.000 euros percibidos: Un 21%.
  • Entre 6.000 y 24.000 euros: Un 25%.
  • Para importes superiores a 24.000 euros: Un 27%.

El pago de dividendos por parte de las Sociedades estaba sujeto a una retención del 21%, el cual se aplicaba como pago a cuenta del IRPF del perceptor.

Las primas de asistencia a juntas, las participaciones en los beneficios de una entidad o los demás rendimientos procedentes de cualquier clase de activos también tienen la misma fiscalidad que los dividendos.

A partir del 1 de enero de 2015, con la Reforma fiscal realizada, todo esto ha cambiado, pasando a tributarse por la totalidad de los dividendos percibidos.

La escala de tributación a aplicar a partir del 1 de enero de 2015 es:

  • De 0 a 6.000 euros percibidos: Un 20% (19% para 2016 y posteriores)
  • Entre 6.000 y 50.000 euros: Un 22% (21% para 2016 y posteriores)
  • Para importes superiores a 50.000 euros: Un 24% (23% para 2016 y posteriores)

Se aplicará una retención del 20%, en vez del 21% de 2014, como pago a cuenta del IRPF del perceptor.

El dividendo percibido en acciones (Script Dividend) se libra de esta modificación al posponerse la tributación por el cobro de dividendos al momento en que se vendan las acciones que han dado derecho a la percepción del rendimiento. Po tanto, las acciones sólo tributan cuando se venden, y no mientras se tienen en cartera.

Deducibilidad a partir de 2015 de los gastos satisfechos por atenciones a clientes y proveedores

Gasto atenciones clientes 2015

Con la reforma fiscal actual, la deducibilidad de los gastos satisfechos por atenciones a clientes y proveedores (regalos, comidas de empresas, viajes promocionales…), pueden deducirse hasta el límite del 1% del importe neto de la cifra de negocios. Esto representa un cambio importante respecto a la restricción de la deducibilidad de los gastos destinados a atenciones con clientes y proveedores.

Con la normativa anterior, hasta el 31 de diciembre de 2014, no se consideraban liberalidades este tipo de gastos, siempre que estuvieran justificados. La realidad era otra, y los problemas surgían cuando la inspección, por norma común, los inadmitía.

La normativa vigente a partir del 1 de enero de 2015, (artículo 15 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, 27/2014, de 27 noviembre) establece ahora que los gastos por atención a clientes o proveedores serán deducibles, no teniendo la consideración de liberalidades, con el límite del 1% del importe neto de la cifra de negocios del periodo impositivo, siendo el exceso considerado como una liberalidad, y por tanto no deducible fiscalmente. La deducibilidad estará sujeta a las condiciones de siempre: estar vinculados a la actividad económica, estar convenientemente justificados y estar registrados contablemente.

Ver también: ¿Son deducibles los gastos por comidas, viajes, RR.PP., atenciones a clientes…? ¿Y su IVA?

Verdades y mitos de crear una empresa para tributar menos

Mortar empresa

Una sociedad sirve esencialmente para agrupar personas para una tarea común. Sin embargo, aún resulta más habitual, y en principio lícito, crear una sociedad por una sola persona. Esto puede tener básicamente dos objetivos: limitar la responsabilidad en algún proyecto y, en algunos casos pagar menos impuestos. En cualquier caso, el crear estructuras jurídicas siempre tiene coste, y los objetivos no siempre se consiguen.

El principio general de nuestro derecho, consagrado en el artículo 1911 del código civil, es la responsabilidad ilimitada, presente y futura de cualquier deudor por las obligaciones asumidas. Esto no favorece, precisamente, la iniciativa empresarial, y por lo tanto, cabe limitar la responsabilidad, utilizando una sociedad, que al tener responsabilidad limitada, sólo responde con sus bienes de las deudas, liberando a sus socios.

Naturalmente, aquí el problema es que las entidades financieras para dar crédito a la sociedad exijan avales de sus socios. Por esa razón, que exista un mecanismo eficiente de segunda oportunidad para deudores insolventes de buena fe es vital. De lo contrario, muchos proyectos viables no se emprenderán. Además, estaremos condenando a una parte de la sociedad a trabajar indefinidamente en negro. Nada es eterno, y las deudas tampoco deben serlo si no queremos que los fracasos sean permanentes

¿Ventaja legal o fraude?

El otro objetivo que tampoco se consigue siempre es pagar menos impuestos. Aquí hay dos cuestiones, los gastos que una sociedad se puede deducir, es decir que se resta a la hora de calcular sobre cuánto debe pagar, y el tipo o porcentaje que debe pagar.

Uno de los mitos más extendidos en la fiscalidad es que las sociedades pueden deducirse más gastos que las personas físicas. Eso no es cierto, cualquier empresario individual o profesional por cuenta propia puede deducirse, en principio, los mismos gastos que una sociedad. Esto legalmente es tan sencillo como que la ley del IRPF se remite a los gastos deducibles en la ley del impuesto de sociedades.

Otra cuestión distinta es que a un contribuyente, que más bien quiere contribuir poco, le parezca que los gastos personales están más escondidos en una sociedad que directamente como gastos de una actividad económica. Evidentemente, eso no es una ventaja legal sino jugar a defraudar impuestos.

Verdades y mitos

Lo que sí es cierto es que las sociedades pagan legalmente un tipo de impuestos inferior al de las personas físicas. Actualmente, las grandes empresas están sometidas con carácter general a un tipo del 28% y las pymes al 25% por los 300.000 primeros euros que ganen. Éste es un incentivo fiscal muy relevante. Tan es así, que cuando Ronald Reagan igualó los tipos impositivos entre personas físicas y sociedades en Estados Unidos, empezaron a desaparecer sociedades a millones.

Sin embargo, en este tema hay que tener claras dos cuestiones: en primer lugar que una sociedad debe tener los medios materiales y humanos para desarrollar las actividades y prestar los servicios. Si una sociedad, no tiene nada, o incluso todavía no existe, no puede prestar ningún servicio. Declarar servicios como sociedad, cuando realmente los ha prestado una persona física, dado que la sociedad todavía no existía, no es declarar correctamente, ni es una conducta precisamente ejemplar de algún conocido político; aunque lo hayan manifestado reiteradamente los dirigentes de un sindicato de técnicos de Hacienda.

Otra cuestión es que los servicios que una persona física presta a una sociedad que de alguna forma controla hay que facturarlos a precio de mercado. Mejor dicho, el contribuyente podrá hacer normalmente lo que quiera, ya que la sociedad suele ser suya. Sin embargo, a efectos fiscales, tanto la sociedad como él, deberán pagar impuestos como si los servicios se hubiesen retribuido a precio de mercado. Esto no es optativo, sino una obligación impuesta por las leyes tanto del IRPF como del impuesto de sociedades.

El precio de mercado es el precio que un tercero, alguien sin vinculación, está dispuesto a pagar por un bien o servicio. En consecuencia, si una sociedad refactura a terceros los servicios de su socio profesional único, el importe que al que debe retribuir a este socio tiene que ser muy parecido. En 2015, la nueva ley del impuesto de sociedades, con algunos requisitos, ha establecido que este valor de mercado puede ser el 75% de lo que se facture a terceros.

En fin, existen algunas ventajas fiscales y mercantiles para crear sociedades, pero a veces no tiene utilidad crearlas o es, incluso, contraproducente. Así que, antes de colocar una sociedad en su vida, es conveniente pensárselo y asesorarse antes, en lugar de lamentarlo después.

Publicado por Francisco de la Torre Díaz, Inspector de Hacienda, en el diario eleconomista.com

¿Nómina o factura para los autónomos societarios?

Nómina o factura

Con la Reforma Fiscal y la nueva Ley del IRPF, a partir del 1 de enero de 2015, las retribuciones recibidas en concepto de prestación de servicios profesionales por autónomos que participen en una sociedad serán consideradas como rendimientos de actividades económicas.

Los autónomos societarios que desempeñen una actividad profesional remunerada para su sociedad deberán cobrar por factura y no por nómina, siempre y cuando su cotización se efectúe en el régimen de autónomos o en una mutualidad que actúe como alternativa.

Para que los socios trabajadores se vean en la obligación de emitir factura por los servicios prestados en vez de percibir un salario, deben concurrir las siguientes circunstancias:

  1. Que los rendimientos provengan de una entidad de la que sea socio con independencia de si es administrador o no.
  2. Que deriven de la realización de actividades profesionales. Esto es, que realice actividades calificadas como profesionales por la Agencia Tributaria (Son las actividades incluidas en la (Sec. 2ª tarifas IAE).
  3. Que el perceptor esté incluido en el régimen especial de autónomos de la Seguridad Social, o en una mutualidad de previsión social que actúe como alternativa. El alta será obligatoria en base al porcentaje de propiedad en la sociedad, y a la determinación se tiene o no el control de efectivo de la Sociedad (labores de administrador, dirección o gerencia).

Consecuencias

Los socios autónomos trabajadores deberán cumplir con los requisitos que suponen ser un empresario individual.

  • Renta: Ya no tributarán como rendimientos del trabajo sino como actividades económicas, aunque esto le permitirá deducir más gastos.
  • El socio-trabajador deberá emitir una factura a su empresa por tales actividades, repercutiendo el IVA correspondiente, deberá darse de alta en el Censo de empresarios e IAE, deberá llevar libros registro de facturas, presentar liquidaciones trimestrales y anuales de IVA e IRPF, etc. Podrá deducirse, por otro lado, los gastos necesarios para el ejercicio de su actividad.

El IVA que repercuta el socio será deducible para la sociedad. A nivel de renta, el socio trabajador dejará de tributar como rendimientos del trabajo para pasar a hacerlo por actividades económicas con la posibilidad de deducción de más gastos.

Importante

Esta norma sólo es aplicable a PROFESIONALES. Para las actividades empresariales se sigue como hasta ahora, con la nómina del socio trabajador en la sociedad, y si percibe ingresos como administrador en base a los estatutos de la Sociedad, será necesaria una nómina aparte con la correspondiente retención, 37% para 2015 y 35% para 2016, de consejeros y administradores.

Para determinar el concepto de actividad profesional, deberá acudirse al epígrafe del IAE en el que se esté dado de alta. Si se está en una actividad profesional y se cobra por a la sociedad por estos servicios como profesional se deberá emitir factura. Actividades del IAE:

https://www2.agenciatributaria.gob.es/ADUA/internet/es/aeat/dit/adu/adws/certificados/Tabla_de_epigrafes_IAE.pdf

Sobre el IVA a facturar

Sobre el tema de que la factura lleve IVA o no, el TJUE, existe un caso, el caso Van Der Steen, donde se concluye que el socio no es sujeto pasivo del IVA, y que por tanto el socio no debe facturar con IVA a su empresa. Si se sigue este criterio, no habría que darse de alta con el 036 ni realizar las facturas con IVA a la sociedad. No obstante, el aplicar este criterio sin que haya una postura clara y definida de la AEAT puede ser optar por una posición de conflicto con la Administración tributaria.

Por tanto, mientras no exista una aclaración clara y concisa de la AEAT, es de sentido común efectuar el alta en el IAE y aplicar el IVA correspondiente en estas facturas.

Claves de la reforma fiscal 2015 para las sociedades

Reforma fiscalRetenciones

Retenciones a aplicar desde 2015

Se establecen nuevas retenciones a practicar desde el día 1 de enero de 2015. Estas son: Ver.

Retenciones a trabajadores

Las nuevas retenciones a practicar a trabajadores varían en función de los ingresos percibidos, produciendo una disminución de los % a aplicar. Se actualizan los importes de la retribuciones que no obligan a aplicar retención en función del número de hijos, otros descendientes y de la situación del contribuyente. http://cincodias.com/cincodias/2015/01/27/economia/1422383117_313828.html

Por los atrasos que se cobren de ejercicios anteriores, el porcentaje de retención será del 15%.

Se actualizan los importes de la retribuciones que no obligan a aplicar retención en función del número de hijos, otros descendientes y de la situación del contribuyente.

Cambios según el tipo de sociedad y actividad

Profesionales que trabajan para una sociedad de la que es socio

Los profesionales que trabajan para una sociedad de la que son socios y que les supone estar dado de alta por ello en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social (o en una mutualidad de previsión social alternativa), en lugar de tener una nómina para retribuir su trabajo deberán de emitir factura a su sociedad.

Esta medida supone que los socios que hasta ahora han tenido una nómina, deberán ahora darse de alta en la Agencia Tributaria en el epígrafe que corresponda a la actividad profesional que realiza (sección 2ª del IAE)  y deberán emitir facturas con su IVA correspondiente para cobrar los trabajos que presta a la sociedad, en lugar de hacerlo mediante una nómina. Además, deberán llevar al día los libros de ingresos, gastos e inversiones, así como presentar las declaraciones trimestrales de IVA (modelos 303 y 390).

Sociedad patrimonial

Se introduce el término de “sociedad patrimonial” para denominar a aquellas entidades que se destinan principalmente a la gestión de un patrimonio (inmobiliario o mobiliario) y no a realizar una actividad económica. Se entenderá que es una entidad patrimonial aquella en la que más de la mitad de su activo esté constituido por valores o por bienes y derechos que no se destinen a realizar una actividad económica. El valor del activo, de los valores y de los elementos patrimoniales no afectos a una actividad económica, será el que se deduzca de la media de los balances trimestrales del ejercicio de la entidad.

Sociedades de arrendamiento de inmuebles

Para que la actividad de arrendamiento de inmuebles se considere una actividad económica se exige sólo que para hacer la misma se utilice, al menos, una persona empleada con contrato laboral y a jornada completa. Se elimina el requisito de tener un local dedicado exclusivamente a la actividad.

Sociedades civiles (a partir de 2016)

Las sociedades civiles que tienen un objeto social de carácter mercantil, a partir del día 1 de enero de 2016 deberán tributar en el Impuesto de Sociedades. Es decir, los socios dejarán de atribuirse la parte de beneficio que le corresponde a cada uno en su declaración de IRPF y será la sociedad civil quien declarará y tributará por el total del beneficio en el Impuesto de Sociedades. Deberán llevar una contabilidad y tendrán obligaciones fiscales y contables similares a las de una sociedad mercantil.

En caso de disolución durante los primeros 6 meses de 2016, se da la opción a sus socios de tener un régimen especial para diferir la tributación y la exención en los impuestos de transmisiones patrimoniales (ITPAJD) y el impuesto por el incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU).

Por último, se considera que no tienen un objeto mercantil las sociedades profesionales, agrícolas, ganaderas, forestales, pesqueras y mineras.

Cambios en el cálculo del Impuesto de Sociedades

Nuevas tablas de tipos impositivos

Se aprueban los nuevos tipos impositivos a aplicar sobre la base imponible en el Impuesto sobre Sociedades. Ver.

Amortizaciones

  • Se aprueban nuevas tablas de amortizaciones: Se modifican y simplifican las tablas con los porcentajes de amortización de cada tipo de inversión.
  • Se establece una libertad de amortización para elementos de inversión con un valor unitario inferior a 300,00€ (antes era de 600,01€) y con un importe máximo de amortización de 25.000€ anuales.
  • Desaparece la libertad de amortización para sociedades laborales, explotaciones agrarias y activos mineros.
  • Desde 2015 se puede deducir hasta el 5% del importe de las inversiones intangibles que tienen una vida útil determinada independientemente de su contabilización.
  • El inmovilizado intangible de vida útil definida se amortizará de acuerdo con su vida útil y el de vida útil indefinida, así como el fondo de comercio, minorará fiscalmente su precio de adquisición en un plazo de veinte años, eliminándose los requisitos de adquisición onerosa, adquisición intragrupo y dotación de la reserva indisponible.
  • Para el período impositivo 2015, la amortización correspondiente al fondo de comercio está sujeta al límite del 1% de su importe, la del inmovilizado intangible de vida útil indefinida para el mismo período y que no tenga la consideración de fondo de comercio al del 2% anual de su precio de adquisición y se mantienen las limitaciones a las cantidades pendientes de amortizar
  • Los nuevos porcentajes se aplicarán para bienes adquiridos antes del 1 de enero de 2015 sobre el valor neto fiscal del bien a dicha fecha.

Deterioros

La nueva ley establece que no serán deducibles:

  • Las pérdidas por deterioro del inmovilizado material, inversiones inmobiliarias e inmovilizado intangible, incluido el fondo de comercio.
  • Las pérdidas por deterioro de los valores representativos de la participación en el capital o en los fondos propios de entidades. Se mantiene la no deducibilidad de la retribución de los fondos propios, pero se introducen dos matizaciones, así, se considera como retribución de fondos propios la correspondiente a valores representativos de capital o de fondos de entidades, independientemente de su consideración contable y los rendimientos de préstamos participativos dentro de un mismo grupo de sociedades. Su tratamiento contable tiene la característica de un pasivo y su coste es un gasto financiero, pero fiscalmente se pasa a considerar como participación en el capital y el coste no será deducible.
  • Las pérdidas por deterioro de los valores representativos de deuda.
  • La normativa actualmente en vigor permite deducir de las rentas positivas obtenidas en la transmisión de los inmuebles, el importe de la depreciación monetaria producida desde el 1 de enero de 1983. Sin embargo, la nueva Ley suprime los coeficientes de actualización monetaria aplicables sobre el valor de adquisición en la transmisión de inmuebles, por lo que el efecto de la inflación no se corrige.
  • La reversión de las pérdidas por deterioro de estos elementos que fiscalmente fueron deducibles en ejercicios anteriores, se considerarán como ingresos en el impuesto en el período impositivo en que se produzca la recuperación de su valor contable.
  • Se mantiene la deducibilidad de las existencias y de los créditos y partidas a cobrar.

Gastos de atención a clientes y proveedores

Desde 2015 se establece un importe máximo de los gastos de atención a clientes y proveedores que se pueden deducir como gastos de la actividad en el 1% del importe neto de la cifra de negocio.

Retribución a administradores

Deja de considerarse una liberalidad la retribución satisfecha a los administradores por sus funciones de alta dirección y otras funciones desarrolladas de acuerdo a un contrato laboral con la entidad.

Gastos no deducibles

No serán deducibles fiscalmente como gastos:

  • Los donativos y liberalidades (gastos innecesarios para la actividad)
  • Los intereses de los préstamos con partes vinculadas, según ciertas condiciones.
  • Los gastos financieros superiores a 1 millón de euros, según ciertas condiciones. Se mantiene la restricción a la deducibilidad de los gastos financieros netos en el 30% del beneficio operativo. Para su determinación se tienen en cuenta dividendos o participaciones en beneficios de entidades en las que, o bien el porcentaje de participación, directo o indirecto, sea al menos el 5%, o bien el valor de adquisición de la participación sea superior a 20 millones de euros. Se prevé una limitación adicional en relación con los gastos financieros asociados a la adquisición de participaciones en entidades cuando, posteriormente, en los siguientes cuatro años, la entidad adquirida se incorpora al grupo de consolidación fiscal al que pertenece la adquirente o bien es objeto de una operación de reestructuración.

Deducciones que se eliminan

Desaparecen las siguientes deducciones:

  • Para el fomento de las TIC.
  • Por reinversión de beneficios extraordinarios.
  • Por inversiones medioambientales.
  • Por gastos de formación profesional.

Deducciones que se mantienen

Deducciones por creación de empleo:

  • Las entidades que contraten a su primer trabajador a través de un contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores, siendo menor de 30 años, podrán deducir de la cuota íntegra la cantidad de 3.000 euros.
  • Las empresas con una plantilla inferior a 50 trabajadores en el momento en que concierten contratos de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores, con desempleados beneficiarios de una prestación contributiva por desempleo, podrán deducir de la cuota íntegra el 50% del importe que sea menor de los siguientes:
    1. El importe de la prestación por desempleo que el trabajador tuviera pendiente de percibir en el momento de la contratación.
    2. El importe correspondiente a doce mensualidades de la prestación por desempleo que tuviera reconocida.
  • Será deducible de la cuota íntegra la cantidad de 9.000 euros por cada persona/año de incremento del promedio de plantilla de trabajadores con discapacidad en un grado entre el 33% y el 65%, contratados durante el año y respecto a la plantilla media de trabajadores de la misma naturaleza del año anterior. La deducción será de 12.000 euros para un grado igual o superior al 65%.

Deducción por actividades de investigación y desarrollo (I+D+I):

  • Se mantiene la deducción con ciertas mejoras respecto a la consideración de los conceptos de I+D+I y en la base de la deducción. Las empresas que destinen cuantías superiores al 10% de su cifra de negocio podrán elevar de 3 a 5 millones de euros anuales el importe de dicha deducción.

Deducción por actividades de innovación tecnológica:

  • Deducción del 12% de los gastos efectuados en el período impositivo.

Deducciones cinematográficas y audiovisuales:

  • Deducciones por inversiones y en determinadas producciones españolas de largometrajes cinematográficos y de series audiovisuales.

Deducción por donativos:

  • Las donaciones fidelizadas, realizadas por las personas jurídicas, tendrán derecho a una deducción del 40%, si bien en 2015, dicho porcentaje se fija en el 37,5%.

Deducción por reversión de medidas temporales

  • Se crea esta nueva deducción para todos aquellos que se vieron afectados por la limitación de las amortizaciones o se acogieron a la actualización de balances. El objetivo es minorar el coste económico que les puede generar la reducción del tipo de gravamen. La deducción será de un 5% de las cantidades que se integren en la base imponible, derivadas de amortizaciones no deducidas en los períodos impositivos iniciados en 2013 y 2014, siendo del 2% en los períodos impositivos que se inicien en 2015.

El derecho de comprobación de la AEAT prescribirá a los 10 años a contar desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo establecido para presentar la declaración o autoliquidación correspondiente al período impositivo en que se generó el derecho a su aplicación.

Reserva de capitalización

Se crea la reserva de capitalización como sustituta de la deducción por reinversión, permitiendo a las empresas no tributar por el 10% de sus beneficios a condición de que estas cantidades se destinen a reservas de la empresa, no tributando por la parte del beneficio que se destine a este fin. La condición es que la reserva sea indisponible, no siendo necesario que la empresa reinvierta esta cantidad. Los requisitos son:

  • Que el importe del incremento de los fondos propios de la entidad se mantenga durante un plazo de 5 años desde el cierre del período impositivo al que corresponda esta reducción, salvo por la existencia de pérdidas contables en la entidad.
  • Que se dote una reserva por el importe de la reducción, que deberá figurar en el balance con absoluta separación y título apropiado y será indisponible durante ese plazo de 5 años.

Reserva de nivelación

De igual manera, se crea la Reserva de Nivelación, que consiste en que las entidades a las que se les aplique el régimen de entidades de reducida dimensión podrán minorar un 10% de su base imponible para compensar posibles pérdidas de los cinco años siguientes, con un límite máximo de un millón de euros. Es una opción que la empresa puede efectuar o no. Así, se puede optar por no tributar por estos beneficios para cubrir las posibles pérdidas futuras. Y si no se dieran en ese periodo bases imponibles negativas se beneficiaría del diferimiento en la tributación del importe “reservado”.

La aplicación de ambas reservas puede reducir el tipo efectivo de tributación para estas empresas hasta el entorno del 20,25%.

Bases imponibles negativas

Se suprime el límite de 18 años para compensar las bases imponibles negativas de ejercicios anteriores. Se introduce una limitación cuantitativa en el 70% de la base imponible anterior a los ajustes de la reserva de capitalización, admitiéndose en todo caso un importe mínimo de un millón de euros. El porcentaje de limitación pasa a ser del 70%, aunque para el ejercicio 2016 será del 60%.

Se amplía el plazo de comprobación e investigación por la Administración de estas compensaciones, que será de hasta 10 años.

Dividendos cobrados de la empresa

Desde 2015, si la sociedad reparte dividendos (reparto de beneficios entre los socios de la sociedad) éstos se declararán íntegramente en la renta de cada socio, anulándose la exención en renta para los primeros 1.500€.

Otras notas

Otras variaciones a destacar:.

  • En la regulación del hecho imponible, se incorpora el concepto de actividad económica, que no presenta diferencias relevantes respecto al utilizado en el IRPF
  • Restricción del perímetro de vinculación, Se limita el concepto de operación vinculada entre socio y sociedad al 25 % sobre el capital.
  • Se recupera el supuesto de la vinculación de hecho o, dicho de otro modo, el ejercicio del poder de decisión de una entidad sobre otra.
  • En el ámbito de las operaciones vinculadas, la documentación tendrá un contenido simplificado para entidades o grupos cuya cifra de negocios sea inferior a 45 millones de euros. Se elimina la jerarquía de métodos de valoración que contenía la regulación anterior para determinar el valor de mercado, admitiéndose, adicionalmente, con carácter subsidiario otros métodos y técnicas de valoración, siempre que respeten el principio de libre competencia. Esta ley establece reglas específicas de valoración para las operaciones de los socios con las sociedades profesionales, ajustadas a la realidad económica.
  • Se modificación régimen sancionador por otro menos gravoso.
  • Nuevo tratamiento de la doble imposición: La presente Ley incorpora un régimen de exención general para participaciones significativas, aplicable tanto en el ámbito interno como internacional, eliminando en este segundo ámbito el requisito relativo a la realización de actividad económica, si bien se incorpora un requisito de tributación mínima que se establece en el 10 por ciento de tipo nominal.
  • Se equipara el equiparar el tratamiento de las rentas derivadas de participaciones en entidades residentes y no residentes, tanto en materia de dividendos como de transmisión de las mismas.
  • Mejoras en el régimen de consolidación fiscal.
  • En el régimen de las operaciones de reestructuración, se obliga a comunicar a la Administración la realización de estas operaciones, desaparece el tratamiento fiscal del fondo de comercio de fusión, se establece la subrogación de la entidad adquirente en las bases imponibles negativas generadas por una rama de actividad.
  • Ley 27/2014 del Impuesto de Sociedades (LIS). Entrada en vigor de la Reforma, 1 de enero de 2015.