Categoría: Control

Compliance ¿Qué es?

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Compliance es un término con larga tradición en las empresas del entorno anglosajón qué empieza a estar muy presente en las empresas españolas, sobre todo, con la entrada en vigor de la reforma del Código Penal de 2010 y de 2015, y la circular de 2016, que introdujeron en España la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

El artículo 31 bis del Código Penal (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal) establece que las personas jurídicas serán penalmente responsables si concurren los diversos supuestos previstos en su apartado 1. No obstante, el apartado 2 establece que la responsabilidad quedará exenta sí, entre otras, el órgano de administración adopta y ejecuta con eficacia, y antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyen medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión.

Dicho esto, la cultura de Compliance (Cumplimiento) no es otra cosa que el desarrollo de acciones preventivas de cumplimiento normativo (legislación, políticas corporativas, códigos o reglamento de conducta, etc.) que deben realizar las empresas u organizaciones dentro de su compromiso ético y responsable y como forma de potenciar su identidad y la reputación de sus marcas.

Por tanto, llamamos Compliance al conjunto de procedimientos y buenas prácticas que las empresas deben adoptar para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se pueden enfrentar, estableciendo así los c necesarios que hagan frente a los mismos. El objetivo del Compliance es internalizar estos estándares éticos y legales con protocolos y normas internas de buen gobierno que deben ser de obligado cumplimiento por todos sus integrantes.

Estos riesgos que deben ser prevenidos son aquellos que pueden conllevan consecuencias por el incumplimiento del marco regulatorio, tales como sanciones, multas, o incluso los daños en la imagen o reputación provocados por estos incumplimientos, y que pueden ocasionar caídas de ventas, pérdidas de negocio o exclusión de licitaciones o ayudas tanto públicas como privadas. Las políticas de compliance,  valoran y evalúan los riesgos, los monitorizan y los controlan de manera eficiente.

Pero no todo es evitar y prevenir los futuros riesgos, ya que la aplicación de medidas de compliance aporta también grandes beneficios para las empresas, tales como generar seguridad jurídica, mejora de sus procesos internos, detección de ineficiencias, establecimiento de reglas internas más transparentes, fidelización de trabajadores, clientes y proveedores, etc., lo que en definitiva, hace mejores y más competitivas a las empresas que lo aplican.

Por todo ello, la aplicación de medidas de compliance se ha convertido en la actualidad en uno de los mayores objetivos de las empresas en materia de ética y buen gobierno corporativo, surgiendo además con bastante fuerza la necesidad de integrarlo dentro de sus propias estructuras internas, primero, para dar cumplimiento a lo establecido en el Código Penal español en lo que se refiere a responsabilidad de las entidades jurídicas, y segundo, como mecanismo para la mejora interna de sus estructuras y la mejora de su imagen como marca.

Viendo la importancia que tiene la aplicación de estas medidas de prevención y control en las empresas, su aplicación, en realidad, se está realizando de una manera muy desigual en España.  Por un lado, siete de cada diez grandes empresas ya tienen implementadas políticas y medidas de Compliance, siendo por tanto la implantación en estas grandes corporaciones un hecho real.

No podemos decir lo mismo de su implantación en las pequeñas o medianas empresas (PYMEs) cuyo calado en ellas ha sido infinitamente menor y cuya implementación está aún muy lejos de ser representativa, en parte, porque muchas pymes no disponen de personal o tecnología cualificada para empezar a implementar este sistema de cumplimiento normativo.

El artículo 31 bis citado dispone qué la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención debe ser confiada a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa y de control o que tenga encomendada legalmente la función de supervisar la eficacia de los controles internos de la persona jurídica. Aparece aquí la figura del Compliance Officer u oficial de cumplimiento,  que será el encargado de supervisar el buen funcionamiento del cumplimiento y es el que debe actuar como garante del orden jurídico penal debiendo cumplir con las funciones de coordinar y supervisar el programa, atender las denuncias recibidas por infracciones al código ético e instruir los procesos.

Este requisito y figura de garante del cumplimiento normativo es relativamente de fácil aplicación por las grandes empresas, pero en las de menor tamaño, resulta mucho más complicado, aun cuando el Código Penal permite que dichas funciones sean desempeñadas por el Órgano de Administración.

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Reorganiza tu empresa: Podemos ayudarte

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Podemos ayudar en la reorganización interna de una empresa.

Podemos ayudar a crear una estructura fuerte, organizada y controlada.

Podemos auditar y conocer la situación real de la empresa en todas sus áreas: Económica, financiera, organizativa, laboral, comercial, producción.

Podemos trabajar en instaurar una verdadera cultura empresarial.

Podemos planificar y crear una estrategia de negocio.

Podemos optimizar la estructura de la empresa.

Podemos ayudar a localizar los problemas y podemos ayudar a solucionarlos.

Podemos crear un buen sistema de información que aporte datos reales y fiables que faciliten la toma de decisiones y eviten gestionar a ciegas la empresa. 

Podemos conseguir que la contabilidad se convierta en una herramienta útil y esencial en la empresa para que refleje su verdadera situación económico-financiera.

Podemos y debemos trabajar desde dentro para que todos los cambios y mejoras que se instauren permanezcan estables de cara al futuro.


Podemos ayudar a detectar que es lo importante y que no.

Podemos ayudar modificando o instaurando nuevos métodos de trabajo.

Podemos ayudar a conseguir los objetivos.

Podemos instaurar una verdadera política de cambio y mejora.

Podemos ayudar a realizar una correcta gestión financiera.

Podemos ayudar a planificar la tesorería.

Podemos ayudar al ajuste de costes de acuerdo con las necesidades del negocio.

Podemos ayudar a la optimización de los recursos y medios existentes, tanto humanos como materiales.

Podemos trabajar en la mejora de la productividad.

Podemos equilibrar y optimizar la financiación externa de la empresa.

Podemos trabajar con el objetivo de la rentabilidad.

Podemos ayudar a instaurar un sistema de control.

Podemos ayudar a no depender de una asesoría externa que desconozca nuestro producto y empresa y que no aporte los datos reales que la empresa necesita.


Podemos y debemos escuchar a nuestro cliente y a su equipo.

Podemos ayudar y apoyar en la toma de decisiones.

Podemos mostrar cuando hay que actuar ante situaciones adversas.

Podemos ayudar a alinear al equipo humano en el proyecto empresarial.

Podemos enseñar a cómo trabajar en equipo.

Podemos ayudar a que el trabajo diario de cada integrante vaya siempre orientado hacia la calidad y el cliente.

Podemos y debemos trabajar codo a codo con el equipo.

Podemos formar en conocimientos y habilidades que aporten valor a la empresa.

Podemos servir de apoyo y soporte a las decisiones que la dirección de la empresa debe tomar día a día.

Podemos hacer de coach, asesor, mentor...

Podemos y debemos evitar que el día a día nos consuma, que la empresa nos arrastre y que no nos permita planificar ni trabajar de manera estratégica.


Podemos aportar ideas.

Podemos aportar visión de futuro.

Podemos transferir conocimientos y la experiencia de muchos años de vida empresarial.

Podemos ayudar trabajando todos juntos.

Podemos aportar confianza y una gran capacidad de trabajo.

… y además, podemos y debemos trasmitir entusiasmo.

¿Quieres que te ayudemos?

Pensamientos sobre la Organización en la empresa

 

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Una de las cosas que más odian los empresarios es la Organización, y en concreto, la organización interna de sus empresas, el control, la estructura, etc.

Muchos empresarios solo se sienten a gusto en aquello que conocen y que dominan: Su producto, su programación, su gestión de ventas, sus estrategias, etc., pero… las tripas de su empresa, su estructura y el motor que hace que todo se mueva internamente, les asusta realmente.

No quieren que se les maree con procesos, controles, datos económicos y financieros, estadísticas, planificaciones, o si tengo que hacer esto o lo otro. Tampoco quieren, en muchos casos, que se les diga lo que tienen que hacer o se les muestre aquello que no se está haciendo bien. En muchas ocasiones la respuesta es siempre: “no tengo tiempo” o “siempre se ha hecho así”.

A esto debemos añadir también el pensamiento de que si un empresario no es organizado, resulta imposible que organice su propia empresa y que identifique los procesos susceptibles de mejora.

Por todo esto, es habitual encontrarse con empresas donde la organización interna no existe, y si existe, no está bien diseñada ni ejecutada.

La organización interna de una Compañía no es una tarea sencilla y supone una labor poco agradecida pero absolutamente necesaria, pero tiene la gran ventaja de que una vez instaurada, los frutos aparecen inmediatamente:

“Una estructura organizada, fuerte y controlada, genera seguridad y tranquilidad para todos: Empresario, equipo, clientes y proveedores”.

La organización implica revisar todos los procesos de una empresa para mejorarlos, reorganizarlos y optimizarlos, implica distribuir y adecuar tareas, dotar del personal necesario y cualificado y de los recursos técnicos necesarios, qué sean útiles y productivos, implica la generación de información real que permita la toma de decisiones, implica la aplicación de controles internos y seguimientos continuos, la evaluación de resultados, etc.

En definitiva, lo que busca la organización es optimizar el modelo de negocio de la empresa para conseguir una estructura fuerte y eficiente, instaurando el espíritu de cambio continuo que les permitan crecer, y siempre dentro de las necesidades y recursos disponibles de cada empresa y mirando también siempre a las necesidades del mercado y de sus clientes.

En SÉPTIMA ayudamos desde el principio a las empresas y a sus empresarios a analizar, localizar e implantar las soluciones necesarias para cada empresa actuando en todos procesos y áreas: Gestión económica y financiera, producción, compras, ventas, planificación, recursos humanos, etc., trabajando juntos y participando del proyecto para alcanzar los objetivos marcados, y siempre manteniendo bien fuerte el espíritu de cambio y mejora.

 

 

Cómo saber si una empresa es fiable para hacer negocios con ella

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Antes de empezar cualquier relación comercial, es imprescindible mirar con lupa cuentas anuales, beneficio bruto de explotación, imagen corporativa y transparencia, entre otros factores.

“La información es poder” dijo Francis Bacon, y con un tejido empresarial compuesto por 3,2 millones de empresas activas, según el INE, deberían ser muchos y muy variados los datos que sirviesen para conocer a una compañía y comprobar su viabilidad si nos planteáramos algún tipo de negocio con ella.

Esta información, que puede aportar valor en la toma de decisiones, va desde la más primaria, como su nombre, ubicación y actividad, y que se encuentra en el Censo Público de Empresas de la Cámara de Comercio de España, hasta la más detallada. Para encontrarla, no es raro acudir a empresas especializadas, que pueden además ofrecer ratings basados en datos financieros.

“Disponemos de herramientas tanto para consultar en un momento concreto la información de una empresa, nacional o internacional, como para mantener un seguimiento que nos alerte de los cambios relevantes que se produzcan en ella”, asegura Juan María Sainz Muñoz, consejero delegado de Informa D&B, una empresa que se dedica a almacenar y divulgar los datos de otras compañías.

La cuenta de resultados

Toda sociedad mercantil tiene como obligación legal de estar dadas de alta en el Registro Mercantil. A través de esta inscripción, la empresa adquiere personalidad jurídica y puede demostrar su existencia. Pese a que el Registro Mercantil es un organismo público, el acceso a la información que proporciona es de pago.

Más allá de esta formalidad, quien se acerque a una empresa para saber si es fiable tendrá que conocer el resultado de su actividad en números, ya que este elemento es un indicador muy útil de su salud financiera. Muñoz explica que “la principal fuente de información financiera y económica de las empresas son los depósitos de cuentas anuales que están obligadas a presentar en el Registro Mercantil, una vez que han sido formuladas y aprobadas por sus órganos de administración”. Por el contrario, este experto advierte de que “la obligación de compartir información fiscal al público es, en general, poca”. Las empresas tienen que presentar el impuesto de sociedades a Hacienda, “pero este dato no será público”, admite.

El beneficio bruto de explotación

El EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, es decir, beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, en inglés, o beneficio bruto de explotación) será otro elemento que se tendrá que utilizar para comparar las empresas. Sirve para conocer la rentabilidad de la empresa, los beneficios que ha obtenido o, lo que es lo mismo, la capacidad de la empresa de generar ingresos provenientes de su actividad principal.

Este indicador es útil pero no tiene en cuenta los gastos contables ni las obligaciones financieras o tributarias, por lo que con él se conocen los datos de explotación de la empresa, pero no la realidad económica, es decir, si hay deudas o depreciación en las compras, entre otros factores. Empresas especializadas como Infocif tienen esta información y elaboran rankings con el EBITDA.

La importancia de los embajadores

Además de los aspectos económicos y oficiales, el componente social también tiene peso en la evaluación de una empresa. El 13% de los pertenecientes a la generación del baby boom (posterior a la segunda Guerra Mundial) afirman que las opiniones en internet influyen en sus decisiones de compra, un porcentaje que alcanza el 17% para la generación X (la de los nacidos entre mediados de los años 60 y mediados de los 80) y el 19% para los millennials (los que vieron la luz entre finales del milenio anterior y principios del actual), según un estudio elaborado por la consultora KPMG.

De esta forma, es fácil entender como aquella persona que ha tenido alguna experiencia positiva con una compañía se convierte en su mejor embajador. Dentro del grupo de los embajadores destacan los empleados, ya que pueden aumentar la confianza en una empresa a través de una defensa de la compañía por la que trabajan y la mejora de su imagen corporativa.

La transparencia es clave

Otro aspecto que incrementa la confianza en una empresa es la facilidad de contacto que ofrezca, la rapidez con la que otorga una respuesta y la calidad de esta contestación. La publicación de la dirección física de la compañía, que aparezca un teléfono, así como un correo electrónico o un formulario de contacto son elementos básicos. Si dispone de perfiles en distintas redes sociales, es importante que estén actualizados y que la comunicación a través de ellos sea fluida. En definitiva, es necesario que existan elementos que aumenten la transparencia de la empresa en cuestión.

¿Es suficiente la información disponible?

Ya sean públicos o de pago, los recursos para obtener información sobre las empresas existen. “En el caso de las sociedades mercantiles sí que se dispone de fuentes de información financiera y de comportamiento suficientes”, afirma Muñoz. “Las mismas compañías comparten a veces datos de pago, lo que permite tener una fotografía para poder valorar el riesgo de una operación”, añade.

En cuanto a los empresarios individuales, Muñoz explica que solo se tiene la información del censo, por lo que apunta a que “sería conveniente la apertura de alguna fuente que permitiese valorarlas de forma más precisa”. Pese a alabar que exista una concienciación por parte de la Administración Pública sobre la información de las empresas en pro de la transparencia del mercado, el consejero delegado de Informa D&B echa de menos elementos importantes. “Se debería conocer la titularidad real de las empresas y mejorar la información de aquellas firmas que cesan su actividad sin que quede reflejado en ningún registro”, dice.

Reproducción del artículo ¿Cómo puedes saber si una empresa es fiable antes de hacer negocios con ella? del diario El País publicad el 15 de junio de 2018. https://elpais.com/economia/2018/06/01/actualidad/1527865365_081886.html

Cómo aplicar medidas de conciliación en la empresa pyme

 

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A día de hoy está ya ampliamente demostrado que la existencia y aplicación de culturas de conciliación de la vida laboral y personal en las empresas contribuye directamente a la mejora de los resultados, beneficia a las empresas y supone  grandes ventajas competitivas. Además, el desempeño del trabajo en ambientes amigables y flexibles se traduce claramente en mejores niveles organizativos, productivos e incluso financieros,  contribuyendo, así mismo, a la reducción del absentismo laboral de forma considerable.

Pero su implementación en una empresa pyme no es tan fácil como en las grandes compañías, principalmente por la falta de recursos económicos y humanos, a lo que hay que sumar también la falta de cambio de mentalidad de muchos empresarios respecto a estas medidas. Por ese motivo, existen muchas voces que reclaman cada día más un apoyo legislativo y de las administraciones públicas para que estas medidas se puedan aplicar con eficacia y sin daño para las empresas.

Así mismo, todos sabemos que la innovación en la empresa es una de la más importantes herramientas para generar competitividad, pero en la mayoría de los casos, esta innovación se deriva más a la parte tecnológica que a la humana, no percibiéndose que innovar en la gestión de los recursos humanos también proporciona, y en ocasiones de forma más rápida, grandes ventajas competitivas, incrementa la productividad del trabajador, y genera satisfacción, fidelización y compromiso con la empresa.

Medidas que se puede adoptar en una Pyme para conseguir una buena conciliación.

  • El establecimiento de horarios flexibles, tanto en la entrada o salida, como en la distribución semanal de la jornada de trabajo.
  • El trabajo a distancia o en el propio domicilio del trabajador.
  • La aplicación de beneficios sociales, tales como seguros médicos, cheques restaurante, ayudas al transporte, cheques guardería, u otro tipo de ayudas que mejoran la vida cotidiana del trabajador.
  • La formación y el aprendizaje de idiomas se traduce en opciones muy demandadas.
  • Y por último, el tiempo libre. La posibilidad de que el desarrollo profesional y laboral no perjudique el disfrute de tiempo libre es imprescindible tanto para el trabajador como para la empresa.

Todas estas medidas aunque no incrementan los salarios en muchas ocasiones, si los optimizan al beneficiarse de ventajas fiscales tanto para el trabajador (exención de retención por IRPF hasta los límites establecidos) como para las empresas, y no disminuyen, además, las cotizaciones a la Seguridad Social de cara a futuras prestaciones.

Pero, como ya hemos dicho, para poder aplicar todas o muchas de estas medidas, es fundamental que se produzca un gran cambio de mentalidad en las empresas pymes, que se preparen y adapten tecnológicamente, por ejemplo, para el trabajo a distancia, y que en definitiva, no se prime la cultura del estar siempre presente, sino que lo que prime sea la productividad del trabajador y la consecución de los objetivos marcados.

IVA: Suministro Inmediato de Información (SII): o cómo declarar el IVA al instante

 

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Ocho días. Este es el plazo máximo para aportar datos a la Agencia Tributaria por aquellas empresas que estén obligadas a hacerlo.  Vamos, que hacemos la factura y se lo contamos de inmediato a Hacienda. Pero hay más: El próximo año este plazo será de 4 días.

En vigor desde el pasado 1 de julio, el Suministro Inmediato de Información (SII) exige a las empresas que informen a la AEAT en un plazo máximo de ocho/cuatro días (se excluyen los sábados, domingos y festivos nacionales) de las facturas que emiten y que reciben.

¿Cómo?

Pues las empresas deberán llevar sus libros registros directamente a través de la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria remitiéndolos por vía electrónica. Un alarde de tecnología.

Con este sistema ya no será obligatorio presentar los modelos 347, 340 y 390, y el período de presentación de autoliquidaciones queda ampliado 10 días desde los 20 actuales, por tanto se dispondrá de 30 días para la presentación de las autoliquidaciones periódicas del IVA. El libro registro de bienes de inversión deberá suministrarse dentro del plazo de presentación del último período de declaración del año (hasta el 30 de enero).  Para operaciones intracomunitarias, el plazo computa desde el inicio de la expedición o transporte, o en su caso, desde el momento de la recepción de los bienes. Para importaciones, el plazo es desde la contabilización del documento en el que consta la liquidación de la aduana, y siempre antes del día 16 del mes siguiente al final del período al que se refiera la declaración.

¿Y todo esto para qué?

Pues para que la Agencia Tributaria nos controle, coteje la información recibida, cruce los datos y luche así contra el fraude que se produce dentro del IVA. Y ojo, si no se cumplen los plazos, las sanciones serán de un 0.5%  del importe de la facturas objetivo del registro con un mínimo de 300 euros por trimestre y 6.000 euros como máximo.

¿Quién está obligado?

Sólo es obligatorio para las grandes empresas, o lo que es lo mismo, es obligatorio para las empresas que facturan más de seis millones al año. Los grupos de IVA y las empresas que están acogidas al régimen de devolución mensual también estarán sujetos.

No obstante, para las empresas que no están obligadas, cabe la opción de acogerse de manera voluntaria al nuevo sistema.

Por último, para que la Agencia Tributaria disponga de todos los datos relativos al 2017, los obligados a utilizar este nuevo sistema deberán aportar los registros del primer semestre de 2017, entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2017. No estarán obligadas las empresas que hayan presentado el modelo 340 de enero a junio de 2017.

En fin, un cambio drástico en la gestión que hasta ahora se realizaba del IVA y que por supuesto, obliga a realizar inversiones y mejoras en software que incluyan este nuevo sistema.

Nota: La Agencia Tributaria pone a disposición de las empresas una herramienta de cálculo de los plazos para el envío de los registros de facturas en: https://www2.agenciatributaria.gob.es/soporteaeat/Formularios.nsf/CalculoPlazos?OpenPage

 

Facturar un trabajo puntual sin estar dado de alta en autónomos

Factura 02¿Puedo emitir facturas sin estar dado de alta en el régimen de autónomo?

¿Compensa darse de alta si los ingresos son pequeños o esporádicos?

¿Tengo que estar dándome de alta y de baja dependiendo de si facture o no este mes?

¿Qué hay que hacer para estar tranquilo con Hacienda y con la Seguridad Social?

La premisa es que para que un autónomo pueda emitir una factura hay que estar dado de alta en el modelo 036-037 de la AEAT y de alta como autónomo en la Seguridad Social.

¿Y si la factura a realizar es por un trabajo esporádico o puntual?

La normativa de la Seguridad Social establece que si se realiza una actividad económica a título lucrativo, de forma habitual, personal y directa se estará obligado a cotizar en el régimen de autónomo. No determina cuales son los plazos para cumplir este requisito ni un nivel de ingresos determinado. Lo que prima es que se realice de forma habitual.

¿Y qué es la habitualidad?

Se entiende como habitual aquella actividad que se repite en el tiempo de forma constante y continua, tanto si se le dedican 40 horas semanales como si se le dedican dos horas a la semana. La habitualidad se determina cuando hay continuidad en el tiempo. No obstante, si se dispone de un local, oficina o de una estructura empresarial, la habitualidad queda sobreentendida, independientemente del tiempo dedicado.

En segundo lugar, el Tribunal Supremo, en sentencia del año 2007 que creó jurisprudencia, delimitó el límite de ingresos para tener que cumplir con esta obligación, y lo estableció en el Salario Mínimo Interprofesional, SMI, qué, para el año 2017, se sitúa en los 9.907,80 euros anuales. Por tanto, en base a este criterio, se estableció que no era necesario darse de alta como autónomo si los ingresos generados eran inferiores al Salario Mínimo Profesional. Y los ingresos son lo facturado, y no lo que queda al final, que serían los beneficios.

Aun así, no existe claridad en el criterio a seguir ya que una cosa es la jurisprudencia, aunque sea del Tribunal Supremo, y otra, la normativa en la que se basa la Inspección de Trabajo que es distinta. A veces ambas entran en conflicto y no siguen el mismo camino.

Dicho esto, y en base a la unión de ambos criterios, podemos decir qué, si se realizan trabajos esporádicos o puntuales, que no pueden entenderse como habituales o continuos, y se perciben ingresos por debajo de los 9.907,80 euros anuales de SMI, no habría obligación de cotizar en el régimen especial de trabajadores autónomos. No obstante, si en algún momento se puede demostrar que la actividad es desarrollada de forma habitual, el límite del SMI dejaría de tener efecto, y la obligación de cotizar sería clara.

Por otro lado, no se estará obligado a cotizar si los trabajos o la actividad facturada son puntuales y no habituales, aunque los ingresos que generen sean mayores que el SMI. Prioriza la falta de habitualidad.

Por último, esto es lo que ocurre de cara a la obligación o no de cotizar en el régimen especial de trabajadores autónomos en la TGSS, pero también hay que tener en cuenta las obligaciones con la AEAT.

En resumen podemos decir qué, siempre que se generen ingresos hay que pasar por la caja de Hacienda, tanto del IRPF (Renta) como del IVA. Para ello, habrá que darse de alta en el Censo de la AEAT, modelo 036-037, declarando la actividad, la fecha de inicio y las obligaciones fiscales a las que se está sujeto.

Una vez cursada el alta en la AEAT, se podrán expedir facturas, las cuales deberán contemplar la retención a cuenta del IRPF (15%) y su IVA correspondiente (21% de manera general).

 

¿Por qué las pequeñas empresas necesitan a la consultoría?

 

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“El cambio es la razón de ser de la Consultoría”

Simple y llanamente,  la consultoría es un servicio que ayuda a las empresas (grandes o pequeñas) a mejorar su organización, a ser más competitivas, a mejorar sus resultados, y a mirar y trabajar por el futuro.

Es un servicio ampliamente utilizado por las grandes empresas o multinacionales, pero, sorprendentemente, no lo es tanto en las empresas pequeñas o medianas (Pymes), las cuales, se muestran muchas veces reacias a acometer procesos de cambio acompañados por un especialista externo.

O dicho de otra manera, si las multinacionales, que cuentan con personal altamente cualificado, recurren a especialistas externos para obtener una visión diferente o como solución a alguno de sus problemas, como es posible que las pequeñas organizaciones, cuya capacidad de poseer talento está más limitada, no recurran a estos servicios qué les puede reportar ideas frescas, conocimientos, organización y visión de futuro, que de manera interna, nunca podrán alcanzar.

La consultoría: Una inversión

Hay que entender la consultoría como una inversión y nunca como un gasto. Y además debe contemplarse como una inversión que se recupera en el muy corto plazo. Sin tener esta visión, los empresarios nunca optarán por buscar ayuda fuera de su empresa.

Cuantas veces habremos oído aquello de “no puedo” o “es muy caro” o “eso es para las grandes”. Pero la realidad es otra: La consultoría existe para ayudar a las empresas, para apoyarlas y para conseguir mejoras y crecimiento. Y los servicios que presta deben estar siempre en consonancia y en equilibrio con la realidad de las empresas clientes.

Los servicios de consultoría, y su coste, deben estar siempre en sintonía con el tamaño, situación o composición de la empresa. El coste de la consultoría debe ser proporcional a los servicios a desarrollar, pero también debe serlo al tamaño y situación del cliente. De igual manera, la planificación del trabajo, la metodología a aplicar y los objetivos a lograr. Si no es así, será muy difícil alcanzar el éxito del proyecto.

¿Qué puede aportar la consultoría a una pequeña o mediana empresa?

Todas las personas necesitamos ayuda y orientación para tomar buenas decisiones y elegir el camino correcto. Lo mismo ocurre con las empresas.

La consultoría, y en concreto, la consultoría de estrategia y organización, aporta conocimientos y técnicas externas que guían eficientemente a los gestores de las empresas y les ayuda a enfrentarse a hechos o situaciones, qué, por si solos, nunca serían capaces de afrontar.

Pero estos servicios no solo sirven para situaciones de riesgo o de peligro, sino que se desarrollan también para afrontar proyectos de futuro, de mejora o de crecimiento.

Podemos resumir lo que la consultoría puede aportar a una pequeña o mediana empresa en los siguientes puntos:

  • Aporta expertos externos con amplia experiencia empresarial.
  • Desarrolla servicios independientes y objetivos, obteniendo una visión externa de la empresa.
  • Permite a las compañías trabajar por su futuro y con una visión a largo plazo.
  • Aprovecha las experiencias y técnicas obtenidas de otras compañías.
  • Identifica, estudia y trabaja las problemáticas existentes.
  • Proporciona experiencia, conocimientos e instruye al personal de la empresa.
  • Implementa procesos de mejora continua.
  • Y finalmente, la consultoría desarrolla proyectos con fecha de inicio pero también de finalización, para que sus resultados permanezcan en la empresa y puedan ser continuados por sus propios integrantes.

Situaciones en las que es conveniente optar por servicios de consultoría

  • Como apoyo y soporte empresarial.
  • Para resolver problemas concretos o necesidades específicas.
  • Para reorganizar y fortalecer las estructuras o áreas de la empresa.
  • En la optimización de los recursos de la empresa, sus medios productivos y su estructura de personal.
  • En la implantación de mejoras en los sistemas y procesos.
  • Para aumentar los niveles de eficiencia de los departamentos de la empresa, evitar la alta rotación del personal y la falta de motivación.
  • Mejorar de la productividad.
  • Aumento de las ventas y acceso a nuevos mercados o líneas de producto.
  • Para acometer proyectos de crecimiento.
  • Mejora de la rentabilidad.
  • Para desarrollar políticas orientadas al servicio y la calidad de los productos o servicios.
  • Para diseñar e implantar nuevas estrategias de desarrollo.
  • Para formar y capacitar al personal de la empresa.
  • Para implantar metodologías de control, evaluación y de seguimiento continuo.
  • Para generar la información necesaria que permita a la Dirección de la empresa una toma de decisiones basada en información real y fiable.
  • Facilitar el acceso y adaptación a nuevas tecnologías.
  • Etc.

En definitiva, la consultoría es muy útil para las pequeñas y medianas empresas porque les ayuda a mejorar sus niveles de eficiencia, a fortalecer su estructura, a mejorar su productividad y rentabilidad, y a dar soporte y apoyo al empresario en la consecución de los objetivos marcados. Y siempre debe hacerse desde una posición de confianza y cercanía, donde los problemas y soluciones se entiendan como propios.

Y esto es, porque el consultor debe entenderse como un socio” estratégico y cualificado de la empresa y su dirección, y no como un proveedor. Y por su parte, el consultor debe vivir la empresa como si fuera suya. Juntos alcanzarán todos los objetivos.

 

El registro de la jornada de trabajo y el control horario: las empresas no están obligadas a llevar un registro de la jornada diaria de la plantilla

 

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Como continuación a nuestros artículo del pasado día 27 de marzo, “El registro de la jornada de trabajo y el control horario”, y en base a lo que ha dictaminado el Pleno de la Sala IV del Tribunal Supremo, en su sentencia de 23 de marzo de 2017, se establece que las empresas no están obligadas a llevar un registro de la jornada diaria de toda la plantilla para comprobar el cumplimiento de la jornada laboral y horarios pactados, y sólo deben llevar un registro de horas extras realizadas, de acuerdo a la interpretación que realizan de lo fijado en el artículo 35.5 del Estatuto de los Trabajadores.

El Supremo estima así un recurso de Bankia contra la sentencia de la Audiencia Nacional de 4 de noviembre de 2014, que condenaba a dicho banco, atendiendo una demanda de los sindicatos, a establecer un sistema de registro de la jornada diaria efectiva que realiza su plantilla. El alto tribunal sí mantiene, ya que no fue impugnada por Bankia, la parte del fallo de la Audiencia Nacional que determinó que la empresa debía proceder a dar traslado a la representación legal de los trabajadores de la información sobre las horas extras realizadas en cómputo mensual.

El Supremo admite que “convendría una reforma legislativa que clarificara la obligación de llevar un registro horario y facilitara al trabajador la prueba de la realización de horas extraordinarias”, pero “esa obligación no existe por ahora y los Tribunales no pueden suplir al legislador imponiendo a la empresa el establecimiento de un complicado sistema de control horario, mediante una condena genérica, que obligará, necesariamente, a negociar con los sindicatos el sistema a implantar, por cuanto, no se trata, simplemente, de registrar la entrada y salida, sino el desarrollo de la jornada efectiva de trabajo con las múltiples variantes que supone la existencia de distintas jornadas, el trabajo fuera del centro de trabajo y, en su caso, la distribución irregular de la jornada a lo largo del año, cuando se pacte”.

El Supremo rechaza “llevar a cabo una interpretación extensiva del art. 35-5 del ET imponiendo obligaciones que limitan un derecho como el establecido en el artículo 28-3 del citado texto legal y el principio de libertad de empresa que deriva del artículo 38 de la Constitución y ha reconocido nuestro Tribunal Constitucional como imprescindible para la buena marcha de la actividad productiva (S. 170/2013)”.

La sentencia explica que “la falta de llevanza, o incorrecta llevanza del registro, no se tipifica por la norma como infracción de forma evidente y terminante, lo que obliga a una interpretación restrictiva y no extensiva de una norma sancionadora como la contenida en el artículo 7-5 del RDL 5/2000, de 4 de agosto, sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, norma cuya naturaleza sancionadora impide una interpretación extensiva del art. 35-5 del ET, pues es principio de derecho el de la interpretación restrictiva de las normas limitadoras de derechos y de las sancionadoras. Además, tampoco se tipifica como falta la no llevanza del registro que nos ocupa y no informar a los trabajadores sobre las horas realizadas en jornadas especiales o incumplir obligaciones meramente formales o documentales constituye, solamente, una falta leve, en los supuestos previstos en el art. 6, números 5 y 6 del Real Decreto Legislativo citado”.

Añade que la solución dada “no deja indefenso al trabajador a la hora de probar la realización de horas extraordinarias, pues a final de mes la empresa le notificará el número de horas extras realizadas, o su no realización, lo que le permitirá reclamar frente a esa comunicación y a la hora de probar las horas extraordinarias realizadas tendrá a su favor del artículo 217-6 de la LEC, norma que no permite presumir la realización de horas extras cuando no se lleva su registro, pero que juega en contra de quien no lo lleva cuando el trabajador prueba que si las realizó”.

Fuente: Consejo General del Poder Judicial.

El registro de la jornada de trabajo y el control horario

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(Artículo actualizado con fecha del 6 de abril de 2017 en base a la sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo, de 23 de marzo de 2017. Ver nuestro artículo: “El registro de la jornada de trabajo y el control horario: las empresas no están obligadas a llevar un registro de la jornada diaria de la plantilla”, donde se da la vuelta a la obligación del control  en las horas ordinarias.)

“El registro de jornada diaria es obligatorio, se realicen o no horas extraordinarias” (Instrucción 3/16 de la Dirección General de la ITSS)

Con el fin de evitar casos de fraude laboral en lo que a la realización de horas extraordinarias se refiere, las cuales, en muchos casos no se computan como tales, el Real Decreto-ley 16/2013 establece que las empresas deben registrar diariamente las horas que realiza cada trabajador a jornada parcial, junto con su hora de entrada y salida. Así mismo, establece la obligación que tienen las empresas de entregar al trabajador, junto con su nómina, un resumen detallado de las horas realizadas, tanto normales como extraordinarias (para los contratos a tiempo parcial estas horas extraordinarias se denominan complementarias). Además, se estipula también la obligación de que estos datos permanezcan en las empresas al menos durante 4 años.

Por otro lado, el Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 35.5, exige el registro diario de la jornada del trabajador para el cómputo de las horas extraordinarias, pero no hacía referencia a las horas complementarias, las que se producen en los contratos a tiempo parcial, que son cada vez más frecuentes en el actual sistema de relaciones laborales.

A esto hay que añadir dos sentencias de la Audiencia Nacional  que establecen  que las empresas deben llevar un registro diario de la jornada de sus trabajadores para que los inspectores de Trabajo puedan determinar “si se superan o no los límites de la jornada ordinaria” y, por lo tanto, si el trabajador ha realizado horas extraordinarias.

Y finalmente, entra en juego la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), la cual, mediante la instrucción 3/2016 de marzo, ha intensificado el control de las horas extraordinarias, complementando y ampliado lo estipulado en la anterior instrucción 1/2015, sobre el control de la contratación a tiempo parcial.

El resultado final de todo esto es que, las empresas quedan obligadas a registrar la jornada laboral de todos los trabajadores, independientemente del tipo de contrato que tengan, parcial o a jornada completa,  y tanto si se realizan horas extraordinarias (o complementarias en su caso) o no.

Y si esto no se cumple, la Inspección de trabajo está aplicando importantes sanciones a las empresas que pueden alcanzar los 6.250 euros.

Ya desde un punto de vista práctico, esta obligación genera un problema técnico y económico a las empresas ya que cada tipo de actividad requiere un control específico y no queda establecido un modelo oficial.  No obstante, los datos deben ser los siguientes:

  • Identificación de la empresa y del empleado.
  • Jornada de trabajo a realizar por el trabajador.
  • Las horas de entrada y salida del trabajador a diario.
  • Desglose de las horas, tanto normales como extraordinarias, realizadas por el trabajador.
  • Firma de la empresa y recibí del trabajador.

Así mismo, no se establece el medio de control a utilizar, siendo válido cualquier sistema o medio que permita registrar de modo permanente y objetivo la jornada de los trabajadores, con sus respectivas horas de entrada y salida, y siempre que permita acreditar el cumplimiento de la obligación ante la Inspección de Trabajo,  y que permita efectuar la totalización mensual de la jornada y la entrega de esta a los trabajadores.

El registro debe permanecer en cada centro de trabajo y estar disponible para su consulta por parte de la Inspección.

La obligación de las empresas de comprar las acciones del socio minoritario si no se reparten dividendos

Socios minoritarios

Cuando un accionista minoritario de una sociedad que cotiza en bolsa, quiere desprenderse de su participación, lo único que tiene que hacer es vender sus acciones en el mercado bursátil.

Pero esto resulta mucho más complicado, por no decir imposible, para el socio minoritario de una sociedad no cotizada.

Estos socios no pueden vender su participación tan fácilmente, están a expensas de las decisiones de los socios mayoritarios, y su poder de decisión está claramente anulado. En definitiva, están prisioneros con su participación y supeditados siempre a los acuerdos que adopte la mayoría. Y si la mayoría decide no repartir dividendos, nunca podrán rentabilizar su inversión.

Con la entrada en vigor, a partir del pasado 1 de enero de 2017, del artículo 348(bis) de la Ley de Sociedades de Capital, se pretende dar solución a este problema.

Esto es, desde el pasado 1 de enero, los socios minoritarios de las sociedades mercantiles que no estén cotizadas podrán ejercer el derecho de venta de sus participaciones, exigiendo a la sociedad que les pague un precio razonable por esta participación, y así poder abandonar del capital de la sociedad.

Este derecho de separación podrá ejecutarse si el socio minoritario vota a favor del reparto de dividendos y la mayoría accionarial decide no hacerlo en, al menos, un tercio de los beneficios propios de la explotación del objeto social obtenidos durante el ejercicio anterior, que sean legalmente repartibles. El plazo para el ejercicio de este derecho será de un mes a contar desde la fecha en que se hubiera celebrado la Junta General Ordinaria de socios. Y siempre a partir del quinto año desde la constitución de la Sociedad, ya que lo normal es qué no se obtengan beneficios durante los primeros años.

En resumen, se permite a los socios minoritarios que voten a favor de la distribución de dividendos, en el caso de no repartirse, poder separarse de la Compañía y recibir el valor de su inversión hasta esta fecha.

Pero una cosa es tener derecho y otra que las partes se pongan de acuerdo en el precio a pagar en cuestión. Es decir, en el precio razonable que marca esta Ley. Si el acuerdo sobre el importe de la compraventa no se alcanzase entre las partes, la Ley establece que será un auditor de cuentas externo y designado por el Registro Mercantil el que proceda a su valoración.

El propósito de esta normativa es evitar que el derecho del socio a percibir su parte de las ganancias se vulnere año tras año por la Junta de Accionistas, dominada por los socios mayoritarios, los cuales, aunque tampoco perciben dividendos, suelen recibir otro tipo de compensaciones de la Sociedad a través de sueldos y otras remuneraciones que no están al alcance de los socios minoritarios.

Así mismo, se intenta también evitar otro tipo de abusos tales como que el mayoritario se hagan con el capital del minoritario a cualquier precio, o que los acuerdos sociales obliguen a los minoritarios a aportar más recursos o que con sucesivas ampliaciones de capital la participación minoritaria quede diluida.

No obstante, existen también otras opiniones contrarias a este planteamiento que ven que, con esta nueva norma, el abuso puede pasar a ejercerse por parte de los minoritarios, principalmente en situaciones económicas difíciles para la sociedad.

Para terminar, decir que con la aplicación de esta medida a partir de del 1 de enero pasado, se hace necesario que las empresas tengan en cuenta y planifiquen que este derecho puede ser ejercido por los accionistas minoritarios, y que si se diera, puede generar tensiones o problemas de liquidez en la Sociedad. Por tanto, habrá que prever, de cara al cierre de cuentas del ejercicio 2016, los posibles efectos que pudieran ocasionarse si existen socios que decidan abandonar la Sociedad por la inexistencia de reparto de dividendos.

Análisis DAFO

El método DAFO se basa en el análisis de los puntos fuertes y de los puntos débiles de una Empresa tanto de manera interna como externa, buscando detectar cuáles son nuestras ventajas y desventajas competitivas.

Permite conocer la situación real de una empresa en un momento concreto, comparando el entorno externo con la situación interna de la Empresa y sirve de soporte para la adopción decisiones estratégicas adecuadas.

Y muy importante, es de aplicación a cualquier tipo de empresa o negocio, sea grande o pequeña, y además, es fácil de realizar: Solo se necesita un poco de tiempo y mucha objetividad.

Su nombre se determina por el significado de sus iniciales: Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades.

dafo

El análisis DAFO

El estudio se divide en dos: Un análisis interno, y de puertas adentro, que analiza la situación real del negocio, y uno externo, que debe localizar las amenazas y oportunidades que pueden presentarse.

Análisis Interno.

Trata de detectar las fortalezas y debilidades de nuestra organización.

Debilidades: Analiza los puntos débiles internos que limitan el buen desarrollo de la empresa, los aspectos qué pueden mejorarse, las desventajas o debilidades que tenemos respecto a la competencia, y qué aspectos negativos aprecian nuestros consumidores o usuarios.

Fortalezas: Aspectos positivos que nos diferencian de la competencia. Profundiza en los puntos fuertes del negocio y en los elementos diferenciadores que tiene la empresa frente a sus competidores. Dicho de otra manera, Hay que conocer en qué somos buenos y en qué nos diferenciamos de la competencia.

Se deben analizar, entre otros,  los siguientes aspectos internos:

  • Proyecto y Empresa: La idea de negocio,  valor de la marca, Socios, dirección estratégica.
  • Producción: Capacidad productiva, recursos tecnológicos, obsolescencia de las instalaciones, costes de producción, etc.
  • Recursos Humanos: Equipo humano, experiencia, cualificación, formación, retención de talento, productividad del personal,  capacidad directiva, cultura empresarial.
  • Financiero: Situación financiera, Tesorería y grado de autofinanciación, nivel de endeudamiento, valor de los bienes, valor de las obligaciones, rentabilidad,…
  • Marketing y ventas: Posicionamiento de los productos y servicios, canales de distribución, precios, fidelización del cliente…

Análisis Externo

Se trata de detectar las oportunidades y las amenazas de nuestro entorno. Este análisis determina qué factores pueden afectar tanto de manera positiva (oportunidad) como de manera negativa (amenaza) al desarrollo de la actividad de la empresa.

Oportunidades: Cualquier factor de nuestro entorno y ajeno al negocio que es favorable para el desarrollo de nuestra estrategia y que posibilite una mejora. Son factores sociales, políticos, legales, competitivos, etc. que pueden suponer una ventaja competitiva, la entrada en nuevos mercados, la ampliación de la cartera de clientes, etc.

Amenazas: Por el contrario, en el apartado de amenazas, debemos incluir todos los factores externos que ponen o pueden poner en peligro el desarrollo de la actividad, la viabilidad del negocio o la estrategia empresarial.

Los factores externos a analizar son:

  • Mercado: Nueva competencia, público objetivo, volumen del mercado y evolución de la demanda, Cambio de las necesidades y gustos de los consumidores.
  • Sector y Competencia: Tendencias, características, productos de la competencia, su política de precios, sus canales de distribución…
  • Entorno: Factores económicos, sociales, políticos, fiscales, geográficos, tecnológicos o ambientales que puedan influir directa o indirectamente en el desarrollo del negocio.
  • Estrategias a aplicar tras el análisis DAFO.

Estrategias tras el análisis

En base a los resultados obtenidos en el análisis DAFO, se deberá determinar y aplicar la decisión estratégica más adecuada. Podemos clasificar estas estrategias en ofensiva, defensiva, para la supervivencia o para la reorientación.

Ofensiva. Hay que potenciar al máximo las fortalezas propias y aprovechar las oportunidades que  el mercado ofrece.

Defensiva. Se basa en apoyarse en las fortalezas propias para evitar las amenazas externas.

De Supervivencia. Se centra en hacer frente a las amenazas externas minimizando las debilidades internas.

De reorientación. Se saca provecho a las oportunidades que pueden ocasionarse en el mercado con el fin de minimizar las debilidades de la empresa a nivel interno.

 

Y muy importante,

El análisis será erróneo si no se examina de forma objetiva la realidad y la situación de real de nuestra empresa, por lo que hay que evitar desvirtuar la realidad, o engañarnos a nosotros mismos, minimizando las debilidades y amenazas y sobrevalorando las fortalezas y oportunidades.

Cese de actividad y extinción de una Sociedad

cese-04-okDebemos diferenciar entre el cese de la actividad, entendido como la suspensión temporal de las actividades empresariales, y la definitiva extinción que supone la finalización de todo tipo de actividad.

El cese de la actividad

Mediante el proceso de cese de actividad, que se produce de forma voluntaria, la Sociedad seguirá existiendo como tal, manteniendo su personalidad jurídica, pero entrará en estado de inactividad, es decir, sin actividad, con la consiguiente suspensión temporal (aunque puede mantenerse indefinidamente) de todas las actividades empresariales que había venido realizando hasta ese momento.

No obstante, la Sociedad sigue viva, aunque no activa, y debe seguir cumpliendo con una serie de requisitos fiscales y registrales, tales como la presentación de las cuentas anuales o la obligación de presenta el impuesto de sociedades.

Veámoslo de manera esquemática los condicionantes más relevantes:

  • No se pueden emitir facturas por la entrega de bienes o prestación de servicios propios de la actividad empresarial.
  • Se debe seguir llevando la contabilidad según el Código de Comercio y Plan General Contable.
  • Se mantiene la obligación de la legalización de los libros oficiales y del depósito de Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.
  • Se mantiene la obligación de presentar el Impuesto de Sociedades.
  • Es obligatorio presentar las declaraciones periódicas por las obligaciones de retención que siga teniendo la empresa.
  • Es obligatorio presentar la declaración del IVA de aquellas facturas que tengan relación con el periodo del ejercicio en el que la empresa estaba todavía activa.
  • Se deben presentar las declaraciones informativas anuales a las que esté obligada la empresa.
  • Debe seguir accediendo a la Dirección Electrónica Habilitada para recibir cualquier notificación de las Administración pública.

Entrar en un estado de inactividad supone, de igual manera, “recolocar” todos los asuntos de la Sociedad de manera que todo quede en regla:

  • En primer lugar, y antes de iniciar la tramitación de cese de actividad, hay que cumplir con todas las obligaciones derivadas del ejercicio ordinario de la actividad.
  • Finalizar y liquidar los contratos de trabajo existentes: Extinción de los contratos.
  • Cursar la baja de los trabajadores contratados en el Régimen correspondiente de la Seguridad Social.
  • Dar de baja la cuenta de cotización de la empresa en la Tesorería General de la Seguridad Social.
  • Baja en el Censo de Empresarios y Profesionales (Modelo 036) y en el Impuesto de Actividades económicas de la Agencia Tributaria (AEAT).
  • Baja en el Régimen Especial de Autónomos (RETA) de los Socios y Administradores de la Sociedad.
  • Comunicación de cese en otros organismos oficiales y/o registros sectoriales estatales, autonómicos y municipales.

La extinción de la Sociedad

La extinción, vista desde el punto de vista voluntario y no por concurso de acreedores o sentencia judicial, supone el cierre de la empresa. Sin más, y se finaliza de forma definitiva el desarrollo de cualquier tipo de actividad.

La disolución debe acordarse por la Junta General de accionistas, acuerdo que resulta necesario para iniciar el proceso de liquidación de la Sociedad. Se realiza mediante escritura pública a inscribir en el Registro Mercantil. La sociedad entra inmediatamente en período de liquidación y queda obligada a añadir a su denominación la frase “en liquidación”.

La disolución no supone, aún, la extinción de la Sociedad, pero se finalizan definitivamente las actividades empresariales. Así mismo, desaparece el órgano administrativo, que es sustituido por la figura de los liquidadores:

  • No se emitirán facturas por la entrega de bienes o prestación de servicios propios de la actividad empresarial.
  • No se realizarán más anotaciones contables en los libros registro: Se cerrará la contabilidad.
  • Finalizan las obligaciones de legalización y depósito de cuentas anuales.
  • No se presentarán más declaraciones fiscales periódicas relacionadas con la actividad, salvo aquellas necesarias que tengan relación con el periodo del ejercicio en las que se realizó actividad.

Así mismo, se realizarán las mismas actuaciones ya vistas en el apartado de cese de actividad:

  • Cumplir con todas las obligaciones derivadas del ejercicio ordinario de la actividad.
  • Finalizar y liquidar los contratos de trabajo existentes: Extinción de los contratos.
  • Cursar la baja de los trabajadores contratados en el Régimen correspondiente de la Seguridad Social.
  • Dar de baja la cuenta de cotización de la empresa en la Tesorería General de la Seguridad Social.
  • Baja en el Censo de Empresarios y Profesionales (Modelo 036) y en el Impuesto de Actividades económicas de la Agencia Tributaria (AEAT).
  • Baja en el Régimen Especial de Autónomos (RETA) de los Socios y Administradores de la Sociedad.
  • Comunicación de la extinción ante otros organismos oficiales y/o registros sectoriales estatales, autonómicos y municipales.

La liquidación tiene por finalidad el reparto entre los socios del patrimonio resultante después de haber cobrado los créditos pendientes y satisfecho las deudas sociales. Durante esta etapa la Sociedad mantiene su personalidad jurídica pero su actividad ordinaria está paralizada.

Concluidas las operaciones de liquidación, los liquidadores someterán a la aprobación de la Junta General los estados contables de la Sociedad y una propuesta de división entre los socios del activo resultante.

Una vez aprobada la liquidación, debe inscribir la extinción de la Sociedad en el Registro Mercantil, mediante el otorgamiento de escritura pública y proceder a la liquidación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD).

Más información en la guía publicada por la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, en http://www.ipyme.org/publicaciones/guiaceseextincion.pdf

Ley de segunda oportunidad: El concurso de acreedores de una persona física

AbiertoEl deudor responde con todos sus bienes presentes y futuros”. (Art. 1.911 del Código Civil). A esto hay que añadir que las deudas también se heredan.

Desde 2003, y al igual que ocurre con las empresas, una persona física (o la familia) o empresario puede declararse en concurso de acreedores cuando se encuentre en estado de insolvencia y no pueda cumplir regularmente con sus obligaciones exigibles.

Desde febrero de 2015, con la publicación del Real Decreto-Ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad el procedimiento en vigor se mejora notablemente. No obstante, en España, apenas unas cientos de personas físicas utilizan cada año esta fórmula.

Con este nuevo Real Decreto se puede optar por dos opciones:

  • Solicitar el concurso de acreedores de persona física ante un Juez de lo mercantil.
  • Intentar alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos con los acreedores a través de la mediación de un Notario.

Concurso de acreedores de la persona física

El Juez, previa valoración de la situación de insolvencia, declara el concurso de acreedores y nombra a un Administrador Concursal que, a partir de ese momento, decida sobre todas las cuestiones económicas del solicitante.

Mediante este sistema, se permite reestructurar la deuda que tiene a través de un procedimiento de quitas y esperas que es dirigido y coordinado por el Juez. Este acuerdo puede aplicarse también a los acreedores con garantía real.

El concursado deberá presentar una propuesta de convenio que tiene que ser negociada con los acreedores alcanzándose, en su caso, un acuerdo de pagos que puede incluir, tal y como hemos mencionado, quitas (descuentos), condonaciones, plazos de pago o carencia, etc. Mediante este sistema se logra paralizar las reclamaciones en curso, los procesos ejecutivos, los intereses…

También puede optar por presentar un plan de liquidación con todos sus bienes y liquidar este patrimonio entre los acreedores, en función de la preferencia de cobro de cada uno de ellos establecida por su calificación según la Ley Concursal. Incluso se puede optar a la exoneración del pasivo insatisfecho si se dan las circunstancias establecidas en el art. 178 bis de esta Ley. Esto es, cuando con el importe obtenido por la realización o venta del patrimonio no se alcance el importe total de la deuda, siempre y cuando se actúe de buena fe: “Régimen de exoneración de las deudas de los particulares o autónomos, de buena fe, en el marco del procedimiento concursal”.

Acuerdo extrajudicial de pagos

El deudor puede solicitar, ante un Notario, un acuerdo extrajudicial de pagos con sus acreedores. En este caso, el Juez no interviene, sino que es el Notario el que asume las funciones de mediación con los acreedores, o bien, puede optar por nombrar un Mediador Concursal. El acuerdo podrá contener esperas (con plazo no superior a 10 años), quitas, cesión de bienes o derechos, etc.

Si no se alcanzara el acuerdo, o este se incumpliera, el Mediador Concursal instará el concurso de acreedores ante el Juez.

Es muy importante tener presente que nunca se condonan los créditos privilegiados con Hacienda o Seguridad Social, ni tampoco las deudas por alimentos derivadas de sentencia de divorcio.

Real Decreto-Ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad

Acciones sindicadas

Acciones 02Son aquellas acciones o participaciones sociales que quedan unidas por un acuerdo entre aquellos accionistas que tienen intereses o fines comunes de manera que se comprometen a ejercer su derecho al voto de forma concertada y conjunta, adquiriendo, con esta unión, un mayor peso en la Sociedad.

Es un pacto parasocial de carácter privado entre los accionistas, que establece la forma en se orientarán las decisiones y que suele realizarse mediante escritura pública ante Notario.

El motivo más característico para sindicar las acciones suele ser el establecer determinadas restricciones a la libre transmisibilidad de las acciones de la Sociedad, es decir, un pacto que establece la forma de venta o transmisión de las acciones y que protege al resto de partícipes, permite la no enajenación de las acciones sin su consentimiento, u otorga opciones preferentes o de tanteo. Las restricciones deben constar de forma expresa en los Estatutos Sociales de la Sociedad, bien en el momento de su fundación, o bien, a través de modificaciones estatutarias.

Así mismo, son de gran utilidad cuando lo que se pretende es ejercer o aumentar el nivel de control o decisión en la gestión de la Sociedad.

Es común establecer un periodo de duración del pacto y la forma en que puede resolverse anticipadamente, que normalmente suele ser por el acuerdo uná­nime entre todos sus miem­bros.

En las empresas familiares, la sindicación de acciones puede llevar a la aprobación de un Protocolo Familiar que establezca y regule aspectos tales como la sucesión, el gobierno, los códigos de conducta y la titularidad de la misma. En definitiva, regula la forma en que los miembros de la familia se relacionan y se vinculan con la empresa, con el fin de evitar conflictos entre sus miembros que puedan poner en peligro a la propia Sociedad familiar.