Navidad 2017-2018

 

SÉPT, Felicitación navidad 2017 2018 II

Anuncios

Préstamos entre socios y empresa

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Cuando un socio o propietario aporta fondos a su empresa, o cuando la empresa es la que hace la entrega al socio, la forma de proceder no puede consistir únicamente en el registro contable del saldo a favor de uno u otro. Este tipo de actuaciones, por cierto, bastante comunes en las empresas, están muy controladas y reguladas, y muchas veces, no son gestionadas de la forma más correcta.

Y no debemos confundir estos préstamos con las entregas monetarias que las empresas hacen a sus socios o administradores y viceversa, para gestionar gastos propios de la empresa realizados por estos en su operativa diaria, y que posteriormente, en periodos cortos, deben regularizarse con las correspondientes liquidaciones de gastos. Estos movimientos deben controlarse en cuentas específicas de socios y administradores pudiendo tener tanto saldos deudores como acreedores.

Consideración de operación vinculada

Estas prácticas entre el socio y la empresa son consideradas por la legislación tributaria como operaciones vinculadas: Las operaciones entre una Sociedad y sus socios o accionistas se consideran vinculadas a partir de una participación mínima del socio de un 25%, (anteriormente era de un 5%) para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2015, según el artículo 18 de Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (Ver también la Consulta Vinculante DGT V0664-15)

También se considerarán personas o entidades vinculadas:

  • Una entidad y sus consejeros o administradores, salvo en la retribución por el ejercicio de sus funciones.
  • Una entidad y los cónyuges o personas unidas por relaciones de parentesco, en línea directa o colateral, por consanguinidad o afinidad hasta el 3º grado de los socios o partícipes, consejeros o administradores.
  • Dos entidades que pertenezcan a un grupo.
  • Una entidad y los consejeros o administradores de otra entidad, cuando ambas pertenezcan a un grupo.
  • Una entidad y otra entidad participada por la primera indirectamente en, al menos, el 25 % del capital social o de los fondos propios.
  • Dos entidades en las cuales los mismos socios, partícipes o sus cónyuges, o personas unidas por relaciones de parentesco, en línea directa o colateral, por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado, participen, directa o indirectamente en, al menos, el 25 % del capital social o los fondos propios.
  • Una entidad residente en territorio español y sus establecimientos permanentes en el extranjero.

Las operaciones efectuadas entre personas o entidades vinculadas deberán valorarse por su valor de mercado, entendiendo por valor de mercado aquel que se habría acordado por personas o entidades independientes en condiciones que respeten el principio de libre competencia. El propio artículo 18 mencionado estable distintos métodos para la determinación de este valor.

Será necesario cumplir con una serie de requisitos en su formalización si no queremos tener problemas fiscales de cara a una posible revisión por parte de la Administración tributaria, la cual, podrá comprobar las operaciones realizadas entre personas o entidades vinculadas y efectuar, en su caso, las correcciones que procedan.

Requisitos para su formalización y documentación

Cualquier aportación que se realice desde los socios a la Sociedad (a la inversa sería también necesario) debe formalizarse mediante un contrato entre ambas partes donde se detallen los siguientes datos:

  • Quién realiza el préstamo.
  • Quien lo recibe.
  • Importe del préstamo.
  • Tipo de interés devengado.
  • Plazo, cuotas y forma de devolución.
  • Fecha de formalización y de vencimiento.

Este documento contractual deberá ser firmado por ambas partes, aunque en muchos casos sea firmado por la misma persona, como socio por una parte, y administrador por la otra, y debe presentarse en la correspondiente Oficina Liquidadora del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados de la Comunidad Autónoma a la que se pertenezca. Estas operaciones están sujetas a este impuesto, aunque sin efecto económico, al estar exento.

Con la reforma fiscal desaparece la regla de subcapitalización en la que, si la cuantía del préstamo entre partes vinculadas supera 3 veces los fondos propios de la entidad, los intereses devengados que excedan sobre dicha cuantía, tendrán la consideración de dividendos a los socios.

Intereses a aplicar

La Ley del IRPF y la Ley del Impuesto sobre Sociedades exigen que la operación de préstamo contemple obligatoriamente el devengo de un interés (a valor de mercado),  el cual, debe ser al menos el del interés legal del dinero.

Pero no basta con tomar como referencia el interés legal del dinero. Deberá tomarse un tipo de intereses a precio normal del mercado, y como ya hemos comentado, debe entenderse como valor de mercado aquel que se habría acordado por personas o entidades independientes en condiciones que respeten el principio de libre competencia. No obstante, en general, la práctica más utilizada es la de realizar un promedio de los tipos aplicables para importes y situaciones similares por las entidades bancarias o clientes preferentes. En su ausencia, se pueden aplicar los métodos ya mencionados incluidos en el artículo 18 de la Ley del Impuesto de Sociedades actual.

No obstante, puede pactarse entre ambas partes un tipo de interés inferior al valor normal del mercado, o incluso, pactarse un interés al 0%. Pero esta inexistencia de intereses es sólo entre las partes, de cara a Hacienda habrá que liquidarlos fiscalmente como si hubiesen existido, afectando esta liquidación a ambas partes, tanto al socio como a la empresa.

Esto es, a efectos fiscales, la parte que presta deberá tributar como un ingreso percibido, por el importe de los intereses “teóricos”, aunque realmente no lo haya hecho, valorados por su valor de mercado, y la parte que recibe el préstamo, como un gasto abonado por la obtención del préstamo, aunque no haya salido de su tesorería.

Los intereses devengados formarán parte de los ingresos de la parte que presta, pudiendo estar sujetos a retención del IRPF o del Impuesto de Sociedades. Es decir, puede darse el caso de que aunque no se perciban estos intereses, el prestamista practique la correspondiente retención a cuenta.

Será el pagador de los intereses, es decir, la empresa en este caso, quién estará obligada a practicar la retención a cuenta utilizando para ello el modelo trimestral o mensual 123 y el modelo 193 anual de declaración informativa. El socio, que es el que ha prestado el dinero, generará unos ingresos de capital mobiliario que deberá declarar en su declaración de IRPF incluyendo las retenciones sufridas.

¿Y qué pasa si el préstamo no es devuelto y se procede a su condonación?

Puede darse por dos motivos principalmente, primero por dificultades de liquidez de la sociedad  que provoque una imposibilidad de devolución,  o porque el socio decida fortalecer la situación patrimonial de la sociedad y proceda a condonar la deuda.

De cara a la Sociedad, la condonación producirá un aumento de sus fondos propios, tributando por el importe condonado en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos jurídicos documentados por el concepto de Operaciones Societarias,  aunque el efecto fiscal será 0 al estar exento. Existirán, eso sí, gastos de notaría y registro por la ampliación de capital. La aportación del socio puede realizarse también vía aportaciones que no supongan un aumento del capital social.

De cara al socio prestamista se producirá un aumento del valor de su participación en la Sociedad. No obstante, esta  aportación deberá instrumentarse y ser acordada mediante Junta General de socios.

Como punto final, mencionar que es necesario realizar un análisis completo para cada caso concreto evaluando con detenimiento las posibles repercusiones que se den, tanto a efectos fiscales como en términos contables.

Existe la posibilidad de documentar los préstamos como préstamos participativos, lo que podría evitar el devengo de intereses al integrarse en el patrimonio de la entidad. Ver https://septimagl.wordpress.com/2013/04/25/prestamos-participativos-los-grandes-desconocidos/

¿Y cuándo los socios de una empresa retirar fondos de la empresa para usos distintos a la actividad de la misma?

Un préstamo de la Sociedad a sus socios supone también una operación vinculada, al igual que en el caso anterior, y debe instrumentalizarse también mediante un contrato mercantil entre el socio y la sociedad, reflejando el contenido ya mencionado:

  • Fecha de formalización
  • Partícipes del préstamo.
  • Prestamista.
  • Prestatario.
  • Importe del préstamo.
  • Tipo de interés devengado.
  • Plazos, cuotas y plan de devolución.
  • Plazo de vencimiento.
  • Otras condiciones particulares.

Al realizarse entre partes vinculadas devengará también un interés a precio de mercado, en función de lo ya dicho anteriormente, aunque en términos generales será de aplicación mínima el tipo de interés legal del dinero fijados para cada periodo por la Administración.

Debe presentarse, así mismo,  ante  la oficina liquidadora de la Comunidad Autónoma correspondiente, y liquidar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aunque también estaría exento.

Los intereses abonados serán computados como ingresos por la Sociedad, y estarán sujetos a la correspondiente retención, aunque si el socio es una persona física no estará obligado a realizar retenciones por el abono de estos.

Actualización del artículo ya publicado en nuestro sgl@blog: https://septimagl.wordpress.com/2013/01/24/problematica-de-los-prestamos-de-los-socios-a-sus-empresas-y-de-las-empresas-a-sus-socios-2/

Préstamos entre particulares: ¿Préstamo o donación?

 

Préstamos particulares

Un préstamo no es un regalo: Hay que devolverlo. Su propia naturaleza implica el retorno del principal al prestamista. Si no se devuelve,  es una donación, esto es, la entrega material de dinero, inmuebles o cualquier otro tipo de bienes, de una persona a otra sin pactar o esperar una devolución futura.

A nivel tributario también existen diferencias: Un préstamo tributa en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), mientras que la donación lo hace en  el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. En ambos casos, depende de la Comunidad Autónoma en la que se dé, para tributar a un tipo impositivo u otro.

Y un último dato: Hay que diferenciar muy bien qué tipo de acción se está realizando, préstamo o donación ya que si no se realiza correctamente, la Agencia Tributaria puede entender que un préstamo es en realidad una donación encubierta. Por tanto, hay que estructurar la operación dentro de la Ley.

Un préstamo entre particulares requiere cumplir los siguientes requisitos:

  • Formalizarlo por escrito. Puede hacerse en documento público o privado. Lo habitual es un contrato privado.
  • La fecha y el lugar donde se formaliza.
  • Los intervinientes: Prestamista y prestatario.
  • El importe prestado y cuando ha sido recibido.
  • El plazo de devolución, bien sea total, o por cuotas mensuales, trimestrales, semestrales, etc.
  • El importe de cada cuota.
  • El tipo de interés, que puede ser el que se pacte (y nunca inferior  al tipo del interés legal del dinero vigente a la firma del contrato),  o puede pactarse que sea a título gratuito o interés a tipo cero, es decir, sin intereses. (*)
  • Y por último, incluir cualquier tipo de cláusula que se considere conveniente: Liquidación anticipada, costes, posibilidad de prorrogas, penalizaciones por impago, etc.

(*) Apunte sobre la aplicación de un interés cero. El artículo 6.3 de la Ley del IRPF, establece que todos los préstamos entre particulares son retribuidos, salvo que se pruebe lo contrario. Por ese motivo, hay que dejar clara constancia del pacto a un tipo de interés cero. Si no es así, la Agencia Tributaria puede exigir al prestamista los ingresos correspondientes al interés legal del dinero, aunque no los haya percibido, exigiendo que dichos intereses tributen como rendimientos del capital mobiliario en su IRPF.

Una vez confeccionado y firmado el documento por ambas partes, y en un plazo máximo de 30 días hábiles, hay que presentarlo o registrarlo en la Comunidad Autónoma correspondiente. Además, hay que presentar y liquidar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales  (ITP), aunque el coste de la operación será cero, ya que está exenta de tributación.

Por último, es aconsejable, de cara a tener que justificar en un futuro la operación ante la Agencia Tributaria, archivar y guardar toda la documentación generada, y principalmente los justificantes del pago de las cuotas o amortizaciones del préstamo.

Los activos esenciales

activos

Con la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, que modifica el artículo 160 de la Ley de Sociedades de Capital (Real Decreto Legislativo 1/2010), se establece que será la junta general de accionistas la encargada de decidir y aprobar, cualquier adquisición, enajenación o aportación a otra sociedad de activos esenciales.

Y aunque esta norma no define el concepto de activo esencial, el citado artículo presume el carácter esencial del activo cuando el importe de la operación supere el 25% del valor de los activos que figuren en el último balance aprobado.

Pero, ¿Hay que aplicar esta norma a todas las operaciones de enajenación, adquisición o aportación? ¿Incluye tanto operaciones ordinarias como extraordinarias? ¿Es aplicable a cualquier tipo de negocio?

En principio, los expertos entienden que esta norma debe aplicarse únicamente a las operaciones extraordinarias que no están incluidas en el tráfico ordinario de la compañía, pero como no se define tampoco la naturaleza del negocio por el que se formaliza la adquisición, enajenación o aportación a otra sociedad de los activos esenciales, se entiende que lo que prima es el efecto patrimonial que provoca.

Dos casos muy representativos de las situaciones que pueden darse son:

  • Un activo pueda considerarse como no esencial, aunque la operación supere el 25% de los activos de la sociedad. Los administradores deberán justificar su no esencialidad.
  • Un activo puede no superar el 25% de los activos de la sociedad, pero puede considerarse esencial al alterar el desarrollo del objeto social de la compañía. Los  administradores deberán someter la operación a la junta general.

Por tanto, para determinar si existe la consideración de activo esencial habrá que comparar como es el desarrollo de la sociedad antes de la operación y como lo será después de que se efectúe la adquisición, enajenación o aportación a otra sociedad.

En cualquier caso, independientemente de la catalogación que hagan Notarios y Registradores de la operación, siempre existe la posibilidad de que los accionistas puedan reclamar la  responsabilidad de los administradores por los efectos sufridos por la Sociedad como consecuencias del incumplimiento de esta norma.

Bibliografía:

Ley 31/2014, de 3 de diciembre y 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo.

Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de sociedades de capital

Los activos esenciales y la aplicación del artículo 160 f) de la Ley de Sociedades de Capital al sector inmobiliario. Ramón y Cajal abogados.

Activos esenciales y competencia de la junta general: la solución francesa. J. Sánchez Calero.

IVA: Suministro Inmediato de Información (SII): o cómo declarar el IVA al instante

 

SII

Ocho días. Este es el plazo máximo para aportar datos a la Agencia Tributaria por aquellas empresas que estén obligadas a hacerlo.  Vamos, que hacemos la factura y se lo contamos de inmediato a Hacienda. Pero hay más: El próximo año este plazo será de 4 días.

En vigor desde el pasado 1 de julio, el Suministro Inmediato de Información (SII) exige a las empresas que informen a la AEAT en un plazo máximo de ocho/cuatro días (se excluyen los sábados, domingos y festivos nacionales) de las facturas que emiten y que reciben.

¿Cómo?

Pues las empresas deberán llevar sus libros registros directamente a través de la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria remitiéndolos por vía electrónica. Un alarde de tecnología.

Con este sistema ya no será obligatorio presentar los modelos 347, 340 y 390, y el período de presentación de autoliquidaciones queda ampliado 10 días desde los 20 actuales, por tanto se dispondrá de 30 días para la presentación de las autoliquidaciones periódicas del IVA. El libro registro de bienes de inversión deberá suministrarse dentro del plazo de presentación del último período de declaración del año (hasta el 30 de enero).  Para operaciones intracomunitarias, el plazo computa desde el inicio de la expedición o transporte, o en su caso, desde el momento de la recepción de los bienes. Para importaciones, el plazo es desde la contabilización del documento en el que consta la liquidación de la aduana, y siempre antes del día 16 del mes siguiente al final del período al que se refiera la declaración.

¿Y todo esto para qué?

Pues para que la Agencia Tributaria nos controle, coteje la información recibida, cruce los datos y luche así contra el fraude que se produce dentro del IVA. Y ojo, si no se cumplen los plazos, las sanciones serán de un 0.5%  del importe de la facturas objetivo del registro con un mínimo de 300 euros por trimestre y 6.000 euros como máximo.

¿Quién está obligado?

Sólo es obligatorio para las grandes empresas, o lo que es lo mismo, es obligatorio para las empresas que facturan más de seis millones al año. Los grupos de IVA y las empresas que están acogidas al régimen de devolución mensual también estarán sujetos.

No obstante, para las empresas que no están obligadas, cabe la opción de acogerse de manera voluntaria al nuevo sistema.

Por último, para que la Agencia Tributaria disponga de todos los datos relativos al 2017, los obligados a utilizar este nuevo sistema deberán aportar los registros del primer semestre de 2017, entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2017. No estarán obligadas las empresas que hayan presentado el modelo 340 de enero a junio de 2017.

En fin, un cambio drástico en la gestión que hasta ahora se realizaba del IVA y que por supuesto, obliga a realizar inversiones y mejoras en software que incluyan este nuevo sistema.

Nota: La Agencia Tributaria pone a disposición de las empresas una herramienta de cálculo de los plazos para el envío de los registros de facturas en: https://www2.agenciatributaria.gob.es/soporteaeat/Formularios.nsf/CalculoPlazos?OpenPage

 

Facturar un trabajo puntual sin estar dado de alta en autónomos

Factura 02¿Puedo emitir facturas sin estar dado de alta en el régimen de autónomo?

¿Compensa darse de alta si los ingresos son pequeños o esporádicos?

¿Tengo que estar dándome de alta y de baja dependiendo de si facture o no este mes?

¿Qué hay que hacer para estar tranquilo con Hacienda y con la Seguridad Social?

La premisa es que para que un autónomo pueda emitir una factura hay que estar dado de alta en el modelo 036-037 de la AEAT y de alta como autónomo en la Seguridad Social.

¿Y si la factura a realizar es por un trabajo esporádico o puntual?

La normativa de la Seguridad Social establece que si se realiza una actividad económica a título lucrativo, de forma habitual, personal y directa se estará obligado a cotizar en el régimen de autónomo. No determina cuales son los plazos para cumplir este requisito ni un nivel de ingresos determinado. Lo que prima es que se realice de forma habitual.

¿Y qué es la habitualidad?

Se entiende como habitual aquella actividad que se repite en el tiempo de forma constante y continua, tanto si se le dedican 40 horas semanales como si se le dedican dos horas a la semana. La habitualidad se determina cuando hay continuidad en el tiempo. No obstante, si se dispone de un local, oficina o de una estructura empresarial, la habitualidad queda sobreentendida, independientemente del tiempo dedicado.

En segundo lugar, el Tribunal Supremo, en sentencia del año 2007 que creó jurisprudencia, delimitó el límite de ingresos para tener que cumplir con esta obligación, y lo estableció en el Salario Mínimo Interprofesional, SMI, qué, para el año 2017, se sitúa en los 9.907,80 euros anuales. Por tanto, en base a este criterio, se estableció que no era necesario darse de alta como autónomo si los ingresos generados eran inferiores al Salario Mínimo Profesional. Y los ingresos son lo facturado, y no lo que queda al final, que serían los beneficios.

Aun así, no existe claridad en el criterio a seguir ya que una cosa es la jurisprudencia, aunque sea del Tribunal Supremo, y otra, la normativa en la que se basa la Inspección de Trabajo que es distinta. A veces ambas entran en conflicto y no siguen el mismo camino.

Dicho esto, y en base a la unión de ambos criterios, podemos decir qué, si se realizan trabajos esporádicos o puntuales, que no pueden entenderse como habituales o continuos, y se perciben ingresos por debajo de los 9.907,80 euros anuales de SMI, no habría obligación de cotizar en el régimen especial de trabajadores autónomos. No obstante, si en algún momento se puede demostrar que la actividad es desarrollada de forma habitual, el límite del SMI dejaría de tener efecto, y la obligación de cotizar sería clara.

Por otro lado, no se estará obligado a cotizar si los trabajos o la actividad facturada son puntuales y no habituales, aunque los ingresos que generen sean mayores que el SMI. Prioriza la falta de habitualidad.

Por último, esto es lo que ocurre de cara a la obligación o no de cotizar en el régimen especial de trabajadores autónomos en la TGSS, pero también hay que tener en cuenta las obligaciones con la AEAT.

En resumen podemos decir qué, siempre que se generen ingresos hay que pasar por la caja de Hacienda, tanto del IRPF (Renta) como del IVA. Para ello, habrá que darse de alta en el Censo de la AEAT, modelo 036-037, declarando la actividad, la fecha de inicio y las obligaciones fiscales a las que se está sujeto.

Una vez cursada el alta en la AEAT, se podrán expedir facturas, las cuales deberán contemplar la retención a cuenta del IRPF (15%) y su IVA correspondiente (21% de manera general).

 

¿Por qué las pequeñas empresas necesitan a la consultoría?

 

Vuelo

“El cambio es la razón de ser de la Consultoría”

Simple y llanamente,  la consultoría es un servicio que ayuda a las empresas (grandes o pequeñas) a mejorar su organización, a ser más competitivas, a mejorar sus resultados, y a mirar y trabajar por el futuro.

Es un servicio ampliamente utilizado por las grandes empresas o multinacionales, pero, sorprendentemente, no lo es tanto en las empresas pequeñas o medianas (Pymes), las cuales, se muestran muchas veces reacias a acometer procesos de cambio acompañados por un especialista externo.

O dicho de otra manera, si las multinacionales, que cuentan con personal altamente cualificado, recurren a especialistas externos para obtener una visión diferente o como solución a alguno de sus problemas, como es posible que las pequeñas organizaciones, cuya capacidad de poseer talento está más limitada, no recurran a estos servicios qué les puede reportar ideas frescas, conocimientos, organización y visión de futuro, que de manera interna, nunca podrán alcanzar.

La consultoría: Una inversión

Hay que entender la consultoría como una inversión y nunca como un gasto. Y además debe contemplarse como una inversión que se recupera en el muy corto plazo. Sin tener esta visión, los empresarios nunca optarán por buscar ayuda fuera de su empresa.

Cuantas veces habremos oído aquello de “no puedo” o “es muy caro” o “eso es para las grandes”. Pero la realidad es otra: La consultoría existe para ayudar a las empresas, para apoyarlas y para conseguir mejoras y crecimiento. Y los servicios que presta deben estar siempre en consonancia y en equilibrio con la realidad de las empresas clientes.

Los servicios de consultoría, y su coste, deben estar siempre en sintonía con el tamaño, situación o composición de la empresa. El coste de la consultoría debe ser proporcional a los servicios a desarrollar, pero también debe serlo al tamaño y situación del cliente. De igual manera, la planificación del trabajo, la metodología a aplicar y los objetivos a lograr. Si no es así, será muy difícil alcanzar el éxito del proyecto.

¿Qué puede aportar la consultoría a una pequeña o mediana empresa?

Todas las personas necesitamos ayuda y orientación para tomar buenas decisiones y elegir el camino correcto. Lo mismo ocurre con las empresas.

La consultoría, y en concreto, la consultoría de estrategia y organización, aporta conocimientos y técnicas externas que guían eficientemente a los gestores de las empresas y les ayuda a enfrentarse a hechos o situaciones, qué, por si solos, nunca serían capaces de afrontar.

Pero estos servicios no solo sirven para situaciones de riesgo o de peligro, sino que se desarrollan también para afrontar proyectos de futuro, de mejora o de crecimiento.

Podemos resumir lo que la consultoría puede aportar a una pequeña o mediana empresa en los siguientes puntos:

  • Aporta expertos externos con amplia experiencia empresarial.
  • Desarrolla servicios independientes y objetivos, obteniendo una visión externa de la empresa.
  • Permite a las compañías trabajar por su futuro y con una visión a largo plazo.
  • Aprovecha las experiencias y técnicas obtenidas de otras compañías.
  • Identifica, estudia y trabaja las problemáticas existentes.
  • Proporciona experiencia, conocimientos e instruye al personal de la empresa.
  • Implementa procesos de mejora continua.
  • Y finalmente, la consultoría desarrolla proyectos con fecha de inicio pero también de finalización, para que sus resultados permanezcan en la empresa y puedan ser continuados por sus propios integrantes.

Situaciones en las que es conveniente optar por servicios de consultoría

  • Como apoyo y soporte empresarial.
  • Para resolver problemas concretos o necesidades específicas.
  • Para reorganizar y fortalecer las estructuras o áreas de la empresa.
  • En la optimización de los recursos de la empresa, sus medios productivos y su estructura de personal.
  • En la implantación de mejoras en los sistemas y procesos.
  • Para aumentar los niveles de eficiencia de los departamentos de la empresa, evitar la alta rotación del personal y la falta de motivación.
  • Mejorar de la productividad.
  • Aumento de las ventas y acceso a nuevos mercados o líneas de producto.
  • Para acometer proyectos de crecimiento.
  • Mejora de la rentabilidad.
  • Para desarrollar políticas orientadas al servicio y la calidad de los productos o servicios.
  • Para diseñar e implantar nuevas estrategias de desarrollo.
  • Para formar y capacitar al personal de la empresa.
  • Para implantar metodologías de control, evaluación y de seguimiento continuo.
  • Para generar la información necesaria que permita a la Dirección de la empresa una toma de decisiones basada en información real y fiable.
  • Facilitar el acceso y adaptación a nuevas tecnologías.
  • Etc.

En definitiva, la consultoría es muy útil para las pequeñas y medianas empresas porque les ayuda a mejorar sus niveles de eficiencia, a fortalecer su estructura, a mejorar su productividad y rentabilidad, y a dar soporte y apoyo al empresario en la consecución de los objetivos marcados. Y siempre debe hacerse desde una posición de confianza y cercanía, donde los problemas y soluciones se entiendan como propios.

Y esto es, porque el consultor debe entenderse como un socio” estratégico y cualificado de la empresa y su dirección, y no como un proveedor. Y por su parte, el consultor debe vivir la empresa como si fuera suya. Juntos alcanzarán todos los objetivos.

 

El registro de la jornada de trabajo y el control horario: las empresas no están obligadas a llevar un registro de la jornada diaria de la plantilla

 

RELOJ 002

Como continuación a nuestros artículo del pasado día 27 de marzo, “El registro de la jornada de trabajo y el control horario”, y en base a lo que ha dictaminado el Pleno de la Sala IV del Tribunal Supremo, en su sentencia de 23 de marzo de 2017, se establece que las empresas no están obligadas a llevar un registro de la jornada diaria de toda la plantilla para comprobar el cumplimiento de la jornada laboral y horarios pactados, y sólo deben llevar un registro de horas extras realizadas, de acuerdo a la interpretación que realizan de lo fijado en el artículo 35.5 del Estatuto de los Trabajadores.

El Supremo estima así un recurso de Bankia contra la sentencia de la Audiencia Nacional de 4 de noviembre de 2014, que condenaba a dicho banco, atendiendo una demanda de los sindicatos, a establecer un sistema de registro de la jornada diaria efectiva que realiza su plantilla. El alto tribunal sí mantiene, ya que no fue impugnada por Bankia, la parte del fallo de la Audiencia Nacional que determinó que la empresa debía proceder a dar traslado a la representación legal de los trabajadores de la información sobre las horas extras realizadas en cómputo mensual.

El Supremo admite que “convendría una reforma legislativa que clarificara la obligación de llevar un registro horario y facilitara al trabajador la prueba de la realización de horas extraordinarias”, pero “esa obligación no existe por ahora y los Tribunales no pueden suplir al legislador imponiendo a la empresa el establecimiento de un complicado sistema de control horario, mediante una condena genérica, que obligará, necesariamente, a negociar con los sindicatos el sistema a implantar, por cuanto, no se trata, simplemente, de registrar la entrada y salida, sino el desarrollo de la jornada efectiva de trabajo con las múltiples variantes que supone la existencia de distintas jornadas, el trabajo fuera del centro de trabajo y, en su caso, la distribución irregular de la jornada a lo largo del año, cuando se pacte”.

El Supremo rechaza “llevar a cabo una interpretación extensiva del art. 35-5 del ET imponiendo obligaciones que limitan un derecho como el establecido en el artículo 28-3 del citado texto legal y el principio de libertad de empresa que deriva del artículo 38 de la Constitución y ha reconocido nuestro Tribunal Constitucional como imprescindible para la buena marcha de la actividad productiva (S. 170/2013)”.

La sentencia explica que “la falta de llevanza, o incorrecta llevanza del registro, no se tipifica por la norma como infracción de forma evidente y terminante, lo que obliga a una interpretación restrictiva y no extensiva de una norma sancionadora como la contenida en el artículo 7-5 del RDL 5/2000, de 4 de agosto, sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, norma cuya naturaleza sancionadora impide una interpretación extensiva del art. 35-5 del ET, pues es principio de derecho el de la interpretación restrictiva de las normas limitadoras de derechos y de las sancionadoras. Además, tampoco se tipifica como falta la no llevanza del registro que nos ocupa y no informar a los trabajadores sobre las horas realizadas en jornadas especiales o incumplir obligaciones meramente formales o documentales constituye, solamente, una falta leve, en los supuestos previstos en el art. 6, números 5 y 6 del Real Decreto Legislativo citado”.

Añade que la solución dada “no deja indefenso al trabajador a la hora de probar la realización de horas extraordinarias, pues a final de mes la empresa le notificará el número de horas extras realizadas, o su no realización, lo que le permitirá reclamar frente a esa comunicación y a la hora de probar las horas extraordinarias realizadas tendrá a su favor del artículo 217-6 de la LEC, norma que no permite presumir la realización de horas extras cuando no se lleva su registro, pero que juega en contra de quien no lo lleva cuando el trabajador prueba que si las realizó”.

Fuente: Consejo General del Poder Judicial.

El registro de la jornada de trabajo y el control horario

RELOJ 001

(Artículo actualizado con fecha del 6 de abril de 2017 en base a la sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo, de 23 de marzo de 2017. Ver nuestro artículo: “El registro de la jornada de trabajo y el control horario: las empresas no están obligadas a llevar un registro de la jornada diaria de la plantilla”, donde se da la vuelta a la obligación del control  en las horas ordinarias.)

“El registro de jornada diaria es obligatorio, se realicen o no horas extraordinarias” (Instrucción 3/16 de la Dirección General de la ITSS)

Con el fin de evitar casos de fraude laboral en lo que a la realización de horas extraordinarias se refiere, las cuales, en muchos casos no se computan como tales, el Real Decreto-ley 16/2013 establece que las empresas deben registrar diariamente las horas que realiza cada trabajador a jornada parcial, junto con su hora de entrada y salida. Así mismo, establece la obligación que tienen las empresas de entregar al trabajador, junto con su nómina, un resumen detallado de las horas realizadas, tanto normales como extraordinarias (para los contratos a tiempo parcial estas horas extraordinarias se denominan complementarias). Además, se estipula también la obligación de que estos datos permanezcan en las empresas al menos durante 4 años.

Por otro lado, el Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 35.5, exige el registro diario de la jornada del trabajador para el cómputo de las horas extraordinarias, pero no hacía referencia a las horas complementarias, las que se producen en los contratos a tiempo parcial, que son cada vez más frecuentes en el actual sistema de relaciones laborales.

A esto hay que añadir dos sentencias de la Audiencia Nacional  que establecen  que las empresas deben llevar un registro diario de la jornada de sus trabajadores para que los inspectores de Trabajo puedan determinar “si se superan o no los límites de la jornada ordinaria” y, por lo tanto, si el trabajador ha realizado horas extraordinarias.

Y finalmente, entra en juego la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), la cual, mediante la instrucción 3/2016 de marzo, ha intensificado el control de las horas extraordinarias, complementando y ampliado lo estipulado en la anterior instrucción 1/2015, sobre el control de la contratación a tiempo parcial.

El resultado final de todo esto es que, las empresas quedan obligadas a registrar la jornada laboral de todos los trabajadores, independientemente del tipo de contrato que tengan, parcial o a jornada completa,  y tanto si se realizan horas extraordinarias (o complementarias en su caso) o no.

Y si esto no se cumple, la Inspección de trabajo está aplicando importantes sanciones a las empresas que pueden alcanzar los 6.250 euros.

Ya desde un punto de vista práctico, esta obligación genera un problema técnico y económico a las empresas ya que cada tipo de actividad requiere un control específico y no queda establecido un modelo oficial.  No obstante, los datos deben ser los siguientes:

  • Identificación de la empresa y del empleado.
  • Jornada de trabajo a realizar por el trabajador.
  • Las horas de entrada y salida del trabajador a diario.
  • Desglose de las horas, tanto normales como extraordinarias, realizadas por el trabajador.
  • Firma de la empresa y recibí del trabajador.

Así mismo, no se establece el medio de control a utilizar, siendo válido cualquier sistema o medio que permita registrar de modo permanente y objetivo la jornada de los trabajadores, con sus respectivas horas de entrada y salida, y siempre que permita acreditar el cumplimiento de la obligación ante la Inspección de Trabajo,  y que permita efectuar la totalización mensual de la jornada y la entrega de esta a los trabajadores.

El registro debe permanecer en cada centro de trabajo y estar disponible para su consulta por parte de la Inspección.

La obligación de las empresas de comprar las acciones del socio minoritario si no se reparten dividendos

Socios minoritarios

Cuando un accionista minoritario de una sociedad que cotiza en bolsa, quiere desprenderse de su participación, lo único que tiene que hacer es vender sus acciones en el mercado bursátil.

Pero esto resulta mucho más complicado, por no decir imposible, para el socio minoritario de una sociedad no cotizada.

Estos socios no pueden vender su participación tan fácilmente, están a expensas de las decisiones de los socios mayoritarios, y su poder de decisión está claramente anulado. En definitiva, están prisioneros con su participación y supeditados siempre a los acuerdos que adopte la mayoría. Y si la mayoría decide no repartir dividendos, nunca podrán rentabilizar su inversión.

Con la entrada en vigor, a partir del pasado 1 de enero de 2017, del artículo 348(bis) de la Ley de Sociedades de Capital, se pretende dar solución a este problema.

Esto es, desde el pasado 1 de enero, los socios minoritarios de las sociedades mercantiles que no estén cotizadas podrán ejercer el derecho de venta de sus participaciones, exigiendo a la sociedad que les pague un precio razonable por esta participación, y así poder abandonar del capital de la sociedad.

Este derecho de separación podrá ejecutarse si el socio minoritario vota a favor del reparto de dividendos y la mayoría accionarial decide no hacerlo en, al menos, un tercio de los beneficios propios de la explotación del objeto social obtenidos durante el ejercicio anterior, que sean legalmente repartibles. El plazo para el ejercicio de este derecho será de un mes a contar desde la fecha en que se hubiera celebrado la Junta General Ordinaria de socios. Y siempre a partir del quinto año desde la constitución de la Sociedad, ya que lo normal es qué no se obtengan beneficios durante los primeros años.

En resumen, se permite a los socios minoritarios que voten a favor de la distribución de dividendos, en el caso de no repartirse, poder separarse de la Compañía y recibir el valor de su inversión hasta esta fecha.

Pero una cosa es tener derecho y otra que las partes se pongan de acuerdo en el precio a pagar en cuestión. Es decir, en el precio razonable que marca esta Ley. Si el acuerdo sobre el importe de la compraventa no se alcanzase entre las partes, la Ley establece que será un auditor de cuentas externo y designado por el Registro Mercantil el que proceda a su valoración.

El propósito de esta normativa es evitar que el derecho del socio a percibir su parte de las ganancias se vulnere año tras año por la Junta de Accionistas, dominada por los socios mayoritarios, los cuales, aunque tampoco perciben dividendos, suelen recibir otro tipo de compensaciones de la Sociedad a través de sueldos y otras remuneraciones que no están al alcance de los socios minoritarios.

Así mismo, se intenta también evitar otro tipo de abusos tales como que el mayoritario se hagan con el capital del minoritario a cualquier precio, o que los acuerdos sociales obliguen a los minoritarios a aportar más recursos o que con sucesivas ampliaciones de capital la participación minoritaria quede diluida.

No obstante, existen también otras opiniones contrarias a este planteamiento que ven que, con esta nueva norma, el abuso puede pasar a ejercerse por parte de los minoritarios, principalmente en situaciones económicas difíciles para la sociedad.

Para terminar, decir que con la aplicación de esta medida a partir de del 1 de enero pasado, se hace necesario que las empresas tengan en cuenta y planifiquen que este derecho puede ser ejercido por los accionistas minoritarios, y que si se diera, puede generar tensiones o problemas de liquidez en la Sociedad. Por tanto, habrá que prever, de cara al cierre de cuentas del ejercicio 2016, los posibles efectos que pudieran ocasionarse si existen socios que decidan abandonar la Sociedad por la inexistencia de reparto de dividendos.

Análisis DAFO

El método DAFO se basa en el análisis de los puntos fuertes y de los puntos débiles de una Empresa tanto de manera interna como externa, buscando detectar cuáles son nuestras ventajas y desventajas competitivas.

Permite conocer la situación real de una empresa en un momento concreto, comparando el entorno externo con la situación interna de la Empresa y sirve de soporte para la adopción decisiones estratégicas adecuadas.

Y muy importante, es de aplicación a cualquier tipo de empresa o negocio, sea grande o pequeña, y además, es fácil de realizar: Solo se necesita un poco de tiempo y mucha objetividad.

Su nombre se determina por el significado de sus iniciales: Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades.

dafo

El análisis DAFO

El estudio se divide en dos: Un análisis interno, y de puertas adentro, que analiza la situación real del negocio, y uno externo, que debe localizar las amenazas y oportunidades que pueden presentarse.

Análisis Interno.

Trata de detectar las fortalezas y debilidades de nuestra organización.

Debilidades: Analiza los puntos débiles internos que limitan el buen desarrollo de la empresa, los aspectos qué pueden mejorarse, las desventajas o debilidades que tenemos respecto a la competencia, y qué aspectos negativos aprecian nuestros consumidores o usuarios.

Fortalezas: Aspectos positivos que nos diferencian de la competencia. Profundiza en los puntos fuertes del negocio y en los elementos diferenciadores que tiene la empresa frente a sus competidores. Dicho de otra manera, Hay que conocer en qué somos buenos y en qué nos diferenciamos de la competencia.

Se deben analizar, entre otros,  los siguientes aspectos internos:

  • Proyecto y Empresa: La idea de negocio,  valor de la marca, Socios, dirección estratégica.
  • Producción: Capacidad productiva, recursos tecnológicos, obsolescencia de las instalaciones, costes de producción, etc.
  • Recursos Humanos: Equipo humano, experiencia, cualificación, formación, retención de talento, productividad del personal,  capacidad directiva, cultura empresarial.
  • Financiero: Situación financiera, Tesorería y grado de autofinanciación, nivel de endeudamiento, valor de los bienes, valor de las obligaciones, rentabilidad,…
  • Marketing y ventas: Posicionamiento de los productos y servicios, canales de distribución, precios, fidelización del cliente…

Análisis Externo

Se trata de detectar las oportunidades y las amenazas de nuestro entorno. Este análisis determina qué factores pueden afectar tanto de manera positiva (oportunidad) como de manera negativa (amenaza) al desarrollo de la actividad de la empresa.

Oportunidades: Cualquier factor de nuestro entorno y ajeno al negocio que es favorable para el desarrollo de nuestra estrategia y que posibilite una mejora. Son factores sociales, políticos, legales, competitivos, etc. que pueden suponer una ventaja competitiva, la entrada en nuevos mercados, la ampliación de la cartera de clientes, etc.

Amenazas: Por el contrario, en el apartado de amenazas, debemos incluir todos los factores externos que ponen o pueden poner en peligro el desarrollo de la actividad, la viabilidad del negocio o la estrategia empresarial.

Los factores externos a analizar son:

  • Mercado: Nueva competencia, público objetivo, volumen del mercado y evolución de la demanda, Cambio de las necesidades y gustos de los consumidores.
  • Sector y Competencia: Tendencias, características, productos de la competencia, su política de precios, sus canales de distribución…
  • Entorno: Factores económicos, sociales, políticos, fiscales, geográficos, tecnológicos o ambientales que puedan influir directa o indirectamente en el desarrollo del negocio.
  • Estrategias a aplicar tras el análisis DAFO.

Estrategias tras el análisis

En base a los resultados obtenidos en el análisis DAFO, se deberá determinar y aplicar la decisión estratégica más adecuada. Podemos clasificar estas estrategias en ofensiva, defensiva, para la supervivencia o para la reorientación.

Ofensiva. Hay que potenciar al máximo las fortalezas propias y aprovechar las oportunidades que  el mercado ofrece.

Defensiva. Se basa en apoyarse en las fortalezas propias para evitar las amenazas externas.

De Supervivencia. Se centra en hacer frente a las amenazas externas minimizando las debilidades internas.

De reorientación. Se saca provecho a las oportunidades que pueden ocasionarse en el mercado con el fin de minimizar las debilidades de la empresa a nivel interno.

 

Y muy importante,

El análisis será erróneo si no se examina de forma objetiva la realidad y la situación de real de nuestra empresa, por lo que hay que evitar desvirtuar la realidad, o engañarnos a nosotros mismos, minimizando las debilidades y amenazas y sobrevalorando las fortalezas y oportunidades.

Alquilar un directivo: Interim Manager

im-ok-02

Podemos decir que el concepto de Interim Management es lo más parecido a alquilar un directivo. Y surge cuando una empresa, en vez de contratar a un nuevo ejecutivo de forma permanente, opta por contratar los servicios de un profesional ajeno a la Compañía, con una acreditada experiencia en gestión empresarial, finanzas, marketing, ventas… para desempeñar, en un tiempo determinado esa labor específica. Además, con resultados inmediatos y a un menor coste.

El término de Interim Manager identifica a expertos a los que se contrata para una misión específica en un tiempo determinado: Profesionales con dilatada experiencia en gestión y dirección que se incorporan de forma externa a una empresa para llevar a cabo una misión ejecutiva muy concreta durante un plazo de tiempo determinado y con unos objetivos previamente definidos.

El Interim Manager no es un consultor, ni puede catalogarse como una contratación de trabajo temporal. El Interim Manager es un directivo temporal: Una figura con amplia experiencia directiva, que ha gestionado situaciones diversas, que está claramente orientada a la gestión y a los resultados, y que presta sus servicios profesionales durante un periodo de tiempo limitado, como un integrante más de la empresa, pero sin pertenecer a ella.

Realiza servicios aptos para cualquier empresa, grande o pequeña, pública o privada, empresa familiar o participada por Capital riesgo… Por tanto, la actuación de un Interim Manager no está ligada al perfil de la empresa, sino a sus circunstancias y a la necesidad de disponer, por un periodo definido, de ejecutivos y/o gestores con una experiencia contrastada y a un coste variable.

El Interim Manager da respuestas a necesidades muy diversas: Adopción de medidas urgentes, procesos de gestión del cambio, reorganización, reestructuraciones, mejora de procesos, ejecución de proyectos, cambios estratégicos, reemplazo temporal de directivos, reflotamiento de empresas, etc.

La cuestión es: ¿Por qué una empresa se plantea recurrir a un directivo externo?

Ventajas de contratar a un Interim Manager

En primer lugar, la experiencia. El poder acceder a un profesional de nivel superior de que de otra manera sería imposible poder contar con él.

También, la rapidez: Un proceso normal de selección de directivos requiere normalmente meses. Esto hace que la incorporación y puesta en marcha del proyecto sea muy rápida.

La vinculación: La relación entre el Interim Manager y la empresa es siempre temporal y por un periodo de tiempo determinado: La media de tiempo que duran este tipo de proyectos es de seis o siete meses, pudiendo alargarse hasta un año como máximo. Además, el reto del Interim Manager es cumplir los plazos.

La retribución se realiza, en gran medida, en función de los objetivos a alcanzar, suponiendo un coste variable, y no fijo  para la empresa. La fórmula habitual consiste en dividir el coste del servicio entre unos honorarios fijos y un variable determinado en función de los resultados obtenidos.

Son profesionales que deben actuar con un alto grado de objetividad y  visión independiente y, al operar en los niveles de dirección, deben disponer de la autoridad y el apoyo necesario para ejecutar los cambios encomendados en la organización.

Su trabajo se desarrolla en función de los objetivos a alcanzar, con un alto grado de compromiso e implicación y consiguiendo una productividad muy elevada. Por tanto, su papel no puede ser consultivo, sino que debe ser ejecutivo, siendo responsable de definir y ejecutar los proyectos y asumir la responsabilidad de su consecución.

Por último, para que la actuación del Interim Manager sea enteramente satisfactoria, debe convertirse en una figura que complemente y mejore el equipo directivo de la empresa, pero nunca debe constituir una amenaza para el equipo de gestión permanente. Con su labor se debe incrementar el valor de los equipos y actuar como un verdadero “mentor” de los profesionales de la empresa. Por ese motivo, debe tener un alto nivel de empatía, de capacidad de escuchar y tener la capacidad de integrarse rápidamente.

¿Qué objetivo busca la contratación de un Interim Manager?

El objetivo puede ser cualquiera: Revitalizar el negocio, aumentar los beneficios y reducir gastos, incrementar la productividad, pilotar procesos de internacionalización, preparar la compra de una empresa. Al detalle, podemos mencionar:

  • Cuando se requiere un profesional para dirigir o liderar un área determinado de la Empresa, sin que sea necesaria una dedicación completa.
  • Cuando se necesita un profesional con experiencia para realizar una función específica o llevar a cabo un proyecto concreto de duración determinada que requiere un perfil que no se encuentra dentro de la compañía, o no sea posible una contratación.
  • Cuando se da una vacante temporal de un cargo directivo por baja temporal, cese o dimisión, y mientras se concreta una futura incorporación definitiva.
  • En el desarrollo de las habilidades de dirección.
  • Cuando la Empresa se encuentre inmersa en un proceso de cambio o reestructuración, o en la elaboración e implementación de nuevos modelos de negocio o planes estratégicos.
  • En la implantación de planes de reducción de costes, de nuevas líneas de producción, de sistemas de información o certificaciones de calidad…
  • En el desarrollo de nuevos productos o su lanzamiento, nuevos nichos de mercado, internacionalización, etc.
  • En la profesionalización del consejo familiar, en la preparación de una sucesión generacional
  • Cuando se está o se inicia un proceso de Adquisición, venta o fusión de la empresa.
  • Etc.

Cese de actividad y extinción de una Sociedad

cese-04-okDebemos diferenciar entre el cese de la actividad, entendido como la suspensión temporal de las actividades empresariales, y la definitiva extinción que supone la finalización de todo tipo de actividad.

El cese de la actividad

Mediante el proceso de cese de actividad, que se produce de forma voluntaria, la Sociedad seguirá existiendo como tal, manteniendo su personalidad jurídica, pero entrará en estado de inactividad, es decir, sin actividad, con la consiguiente suspensión temporal (aunque puede mantenerse indefinidamente) de todas las actividades empresariales que había venido realizando hasta ese momento.

No obstante, la Sociedad sigue viva, aunque no activa, y debe seguir cumpliendo con una serie de requisitos fiscales y registrales, tales como la presentación de las cuentas anuales o la obligación de presenta el impuesto de sociedades.

Veámoslo de manera esquemática los condicionantes más relevantes:

  • No se pueden emitir facturas por la entrega de bienes o prestación de servicios propios de la actividad empresarial.
  • Se debe seguir llevando la contabilidad según el Código de Comercio y Plan General Contable.
  • Se mantiene la obligación de la legalización de los libros oficiales y del depósito de Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.
  • Se mantiene la obligación de presentar el Impuesto de Sociedades.
  • Es obligatorio presentar las declaraciones periódicas por las obligaciones de retención que siga teniendo la empresa.
  • Es obligatorio presentar la declaración del IVA de aquellas facturas que tengan relación con el periodo del ejercicio en el que la empresa estaba todavía activa.
  • Se deben presentar las declaraciones informativas anuales a las que esté obligada la empresa.
  • Debe seguir accediendo a la Dirección Electrónica Habilitada para recibir cualquier notificación de las Administración pública.

Entrar en un estado de inactividad supone, de igual manera, “recolocar” todos los asuntos de la Sociedad de manera que todo quede en regla:

  • En primer lugar, y antes de iniciar la tramitación de cese de actividad, hay que cumplir con todas las obligaciones derivadas del ejercicio ordinario de la actividad.
  • Finalizar y liquidar los contratos de trabajo existentes: Extinción de los contratos.
  • Cursar la baja de los trabajadores contratados en el Régimen correspondiente de la Seguridad Social.
  • Dar de baja la cuenta de cotización de la empresa en la Tesorería General de la Seguridad Social.
  • Baja en el Censo de Empresarios y Profesionales (Modelo 036) y en el Impuesto de Actividades económicas de la Agencia Tributaria (AEAT).
  • Baja en el Régimen Especial de Autónomos (RETA) de los Socios y Administradores de la Sociedad.
  • Comunicación de cese en otros organismos oficiales y/o registros sectoriales estatales, autonómicos y municipales.

La extinción de la Sociedad

La extinción, vista desde el punto de vista voluntario y no por concurso de acreedores o sentencia judicial, supone el cierre de la empresa. Sin más, y se finaliza de forma definitiva el desarrollo de cualquier tipo de actividad.

La disolución debe acordarse por la Junta General de accionistas, acuerdo que resulta necesario para iniciar el proceso de liquidación de la Sociedad. Se realiza mediante escritura pública a inscribir en el Registro Mercantil. La sociedad entra inmediatamente en período de liquidación y queda obligada a añadir a su denominación la frase “en liquidación”.

La disolución no supone, aún, la extinción de la Sociedad, pero se finalizan definitivamente las actividades empresariales. Así mismo, desaparece el órgano administrativo, que es sustituido por la figura de los liquidadores:

  • No se emitirán facturas por la entrega de bienes o prestación de servicios propios de la actividad empresarial.
  • No se realizarán más anotaciones contables en los libros registro: Se cerrará la contabilidad.
  • Finalizan las obligaciones de legalización y depósito de cuentas anuales.
  • No se presentarán más declaraciones fiscales periódicas relacionadas con la actividad, salvo aquellas necesarias que tengan relación con el periodo del ejercicio en las que se realizó actividad.

Así mismo, se realizarán las mismas actuaciones ya vistas en el apartado de cese de actividad:

  • Cumplir con todas las obligaciones derivadas del ejercicio ordinario de la actividad.
  • Finalizar y liquidar los contratos de trabajo existentes: Extinción de los contratos.
  • Cursar la baja de los trabajadores contratados en el Régimen correspondiente de la Seguridad Social.
  • Dar de baja la cuenta de cotización de la empresa en la Tesorería General de la Seguridad Social.
  • Baja en el Censo de Empresarios y Profesionales (Modelo 036) y en el Impuesto de Actividades económicas de la Agencia Tributaria (AEAT).
  • Baja en el Régimen Especial de Autónomos (RETA) de los Socios y Administradores de la Sociedad.
  • Comunicación de la extinción ante otros organismos oficiales y/o registros sectoriales estatales, autonómicos y municipales.

La liquidación tiene por finalidad el reparto entre los socios del patrimonio resultante después de haber cobrado los créditos pendientes y satisfecho las deudas sociales. Durante esta etapa la Sociedad mantiene su personalidad jurídica pero su actividad ordinaria está paralizada.

Concluidas las operaciones de liquidación, los liquidadores someterán a la aprobación de la Junta General los estados contables de la Sociedad y una propuesta de división entre los socios del activo resultante.

Una vez aprobada la liquidación, debe inscribir la extinción de la Sociedad en el Registro Mercantil, mediante el otorgamiento de escritura pública y proceder a la liquidación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD).

Más información en la guía publicada por la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, en http://www.ipyme.org/publicaciones/guiaceseextincion.pdf

Cómo hablar en público y ser un buen comunicador

microfono-blog

Hablar en público, tanto a nivel profesional como a nivel personal, no es una tarea fácil para la mayoría de las personas.

Transmitir a los demás que es lo que se quiere decir, la idea o lo que se piensa u opina sobre un tema es una habilidad muy importante para interactuar con los demás. Pero hablar expresándose de forma clara, estructurada y consiguiendo que los interlocutores comprendan exactamente lo que queremos transmitir es algo que no todo el mundo es capaz de hacer. Hay que ir trabajándolo, aprendiendo y perfeccionando la técnica. Porque con la práctica se adquiere la habilidad de hablar en público.

Algunos consejos para hablar en público

  • Confianza. Hay que tener confianza en uno mismo y confiar en el mensaje a transmitir.
  • Seriedad en la exposición, pero manteniendo el sentido del humor y la creatividad, para que el oyente pueda estar cómodo e interesado por el mensaje que se le está transmitiendo.
  • Claridad. Hablar con claridad y concentrarse en lo esencial.
  • Sinceridad, naturalidad y sencillez. El público lo percibirá y lo agradecerá.
  • Tranquilidad. Estar relajado y cuidar la respiración es vital para evitar el nerviosismo.
  • Conocimiento de quien van a ser nuestra audiencia. Nos ayudará a enfocar nuestra exposición de forma correcta.
  • Organización. Hay que tener muy claro cuál es el mensaje que se quiere transmitir para no alejarse del camino marcado. Además, es muy importante ordenar los elementos del mensaje que se va a transmitir: Introducción, puntos principales a exponer, desarrollo y conclusión.
  • Preparación y memorización. El tema a desarrollar debe estar bien preparado para no caer en el error de parecer inexpertos de algo que se entiende que dominamos. También hay que memorizar las partes fundamentales del texto para evitar una lectura continua. El soporte en papel debe servir únicamente como guion y apoyo a la exposición verbal y espontánea. Con esto, ganaremos credibilidad.
  • Control de los tiempos y búsqueda de la brevedad.
  • Adueñarse de la situación. Hay que conseguir captar la atención del público desde el primer momento. Para ello, hay que conseguir crear un vínculo real entre público y expositor y mantenerlo durante toda la exposición para no perder la atención de los oyentes.
  • Mirar al público a los ojos. El contacto visual es de suma importancia en cualquier exposición. Hay que hablar para todo el auditorio y no caer en el error de hacerlo para unos pocos.
  • Gestualidad y lenguaje corporal. La charla o exposición no puede ser únicamente verbal. Hay que ayudarse con los gestos y con la postura: Acompañan, matizan y trasmiten actitudes, emociones y sentimientos. Aunque, como en todo en la vida, no hay que abusar de ellos.
  • Tono de voz. El tono de voz empleado crea también sensaciones y emociones. Crea armonía entre el contenido del mensaje y las maneras de expresarlo. Crea, en definitiva, equilibrio.
  • Los silencios. También son una forma de lenguaje, y bien utilizados, comunican de igual manera que la expresión verbal.
  • Y por último, ser ameno. Cualquier técnica de comunicación puede estar bien aprendida, pero si no se logra empatizar con el público, todo está perdido. Hay que ser ameno y entretenido de principio a fin: Hay que ganarse a la audiencia. Hay que ser creativos.